CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL La Administración de

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Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial / 3 / 1999 / Páginas 15-94
La Administración de Justicia en un Estado plurilingüe
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Papaux, Alexandre
Juez cantonal. Friburgo (Suiza)
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES PLURILINGÜES EN SUIZA. LENGUAS
JUDICIALES Y CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS REQUERIDOS A LOS JUECES / THÉORIE ET
PRATIQUE DES AUTORITÉS JUDICIAIRES PLURILINGUES EN SUISSE. LANGUES JUDICIAIRES ET
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES REQUISES DES JUGES
Ponencia
Serie: Interdisciplinar
VOCES:
ÍNDICE
I. Generalidades
1. Diversidad lingüística de Suiza
2. Organización judicial en materia civil y penal
3. El principio territorial
4. La jurisprudencia del Tribunal Federal
II. Disposiciones lingüísticas de la Constitución federal
1. Constitución federal de 1874
III. La lengua judicial
1. La Lengua judicial del Tribunal federal
2. Lengua judicial de las autoridades cantonales
IV. La lengua de los jueces
1. Autoridades judiciales federales
A) Tribunal Federal
B) El Ministerio Fiscal de la Confederación
2. Autoridades judiciales cantonales
A) Autoridades judiciales de los cantones monolingües
B) Autoridades judiciales de los cantones plurilingües
a) Autoridades judiciales del cantón de Berna
a’) Situación lingüística del cantón
b’) Disposiciones lingüísticas de la Constitución del cantón de Berna
-1-
c’) El Tribunal Supremo cantonal
d’) Las autoridades judiciales inferiores
b) Autoridades judiciales del cantón de Valais
a’) Situación lingüística
b’) Disposiciones lingüísticas de la Constitución del cantón de Valais
c’) El Tribunal cantonal
lain c) Autoridades judiciales del cantón de Grisones
b’) Disposición lingüística de la Constitución del cantón de Grisones
d) Autoridades judiciales del cantón de Friburgo
b’) Disposiciones lingüísticas de la Constitución del cantón de Friburgo
V. Conclusión
VI. Abreviaturas
VII. Anexos
1. Mapa de áreas lingüísticas suizas
2. Mapa de áreas tradicionales de difusión de lenguas romanches en los Grisones
I. Généralités
1. Diversité linguistique de la Suisse
2. Organisation judiciaire en matière civile et pénale
3. Le principe territorial
4. La jurisprudence du Tribunal fédéral
II. Dispositions linguistiques de la Constitution fédérale
1. Constitution fédérale de 1874
III. La langue judiciaire
1. La langue judiciaire du Tribunal fédéral
2. La langue judiciaire des autorités judiciaires cantonales
IV. La langue des juges
1. Autorités judiciaires fédérales
A) Le Tribunal fédéral
B) Le Ministère public de la Confédération
2. Autorités judiciaires cantonales
A) Les autorités judiciaires des cantons unilingues
B) Les autorités judiciaires des cantons plurilingues
a) Les autorités judiciaires du canton de Berne
a’) Situation linguistique du canton
b’) Dispositions linguistiques de la Constitution cantonale bernoise
c’) La Cour suprême (Tribunal cantonale)
-2-
d’) Les autorités judiciaires inférieures
b) Les autorités judiciaires du canton du Valais
a’) Situation linguistique
b’) Dispositions linguistiques de la Constitution cantonale valaisanne
c’) Le Tribunal cantonal valaisan
c) Les autorités judiciaires du canton des Grisons
b’) Disposition linguistique de la Constitution cantonale grisonne
c’) Le Tribunal cantonal
d) Autorités judiciaires du canton de Fribourg
b’) Dispositions linguistiques de la Constitution cantonale fribourgeoise
V. Conclusion
VI. Table des abréviations
VII. Annexes
1. Carte des aires linguistiques suisses
2. Carte des aires traditionnelles de diffusion des idiomes romanches dans les Grisons
TEXTO
I. Generalidades (1)
1. Diversidad lingüística de Suiza
Una de las características conocida de Suiza es su variedad lingüística.
El art. 4 de la Constitución federal adoptada el 18 de abril de 1999, que entrará en vigor el 1 de enero
del 2000, reconoce cuatro lenguas nacionales, es decir el alemán, el francés, el italiano y el romanche (2).
El art. 70 par. 1 precisa que las lenguas oficiales de la Confederación son el alemán, el francés y el italiano.
En cuanto al romanche -hablado por el 0,7% de los Suizos y el 0,6% de la población residente (3)- es
también lengua oficial para las relaciones que la Confederación mantiene con las personas de lengua
romanche (4).
Conviene añadir a las lenguas nacionales u oficiales, los idiomas locales que, si bien ha desaparecido
por completo de la Suiza francófona (5) y regresan en la Suiza italoparlante (6), se usan en toda la vida
social de la Suiza germanófona (7). De modo que del 73,4% de los suizos germanófonos, una mayoría no
considera el alemán como su lengua materna.
Observemos que el 8,9% de la población residente (8) habla una lengua diferente de las lenguas
nacionales (9).
Finalmente, a pesar de los cuatro idiomas oficiales y de la convivencia de un número importante de
lenguas y dialectos en el territorio suizo, debemos constatar que la gran mayoría de los suizos sólo domina
una lengua (10).
2. Organización judicial en materia civil y penal
-3-
Por su historia y su diversidad, Suiza sólo podía ser un Estado federal. Nuestro país se compone de
veintiséis entidades políticas, llamadas cantones (veinte cantones y seis semicantones). Cada cantón
dispone de su organización judicial, su procedimiento y su administración de justicia (11).
No obstante, la Constitución federal instituye una jurisdicción federal única -autoridad judicial suprema
de la Confederación según el art. 188.1 de la Constitución de 1999- el Tribunal Federal, cuya competencia
es juzgar ciertas causas de Derecho civil y penal ya sea directamente o mediante apelación (12). La ley
federal regula la organización de la jurisdicción suprema del país y el procedimiento aplicable ante ella.
Ocurre lo mismo con el Ministerio Fiscal de la Confederación que defiende a la acusación en algunos
ámbitos.
La organización judicial cantonal incluye en general dos tribunales ordinarios, uno de primera instancia
y un tribunal superior, denominado Tribunal Cantonal, Tribunal de Justicia, o Tribunal Supremo según los
cantones. Las decisiones de los tribunales cantonales en particular y las de los tribunales superiores de los
cantones pueden ser enviadas al Tribunal Federal con sede en Lausana.
3. El principio territorial
La intervención jurídica en materia de lengua de procedimiento no es nueva: la ordenanza de
Villers-Coterrêts firmada en 1539 por Francisco I es el ejemplo más conocido (13). En efecto, el Estado
tiene el deber de resolver los problemas relacionados con la presencia de más de una lengua o de más de
una variedad lingüística que pudiera crear tensiones que desembocaran en otros conflictos (étnicos,
económicos, religiosos, culturales o políticos) (14).
En Suiza (15), como en Bélgica (16) o en España (17), las lenguas oficiales para todo el país están
definidas, pero el uso de cada una o de algunas es restringido en una porción del territorio nacional en
aplicación del principio de territorialidad. Según este principio: "los límites tradicionales de las regiones
lingüísticas y de los islotes lingüísticos no deben, en interés de la paz en materia de lengua, desplazarse o
al menos no a sabiendas" (18). Tiene por finalidad la estabilización de las fronteras lingüísticas y asegurar
una homogeneidad los más amplia posible en la composición lingüística de la población. Este principio se
opone al de la personalidad según el cual la elección de la lengua depende de los derechos personales del
individuo independientemente del lugar donde se encuentre (19). En realidad, en las relaciones con las
autoridades estatales (administrativas, judiciales o escolares), esta libertad de elección de la lengua queda
restringida por disposiciones constitucionales que determinan la o las lenguas reconocidas como lenguas
oficiales. Los criterios clásicos de determinación de la o las lenguas oficiales son la importancia de la
representación de un grupo lingüístico en la población (criterio numérico), la historia lingüística del territorio
en cuestión, la estabilidad de la población lingüística que aspira a que su lengua se oficialice, la situación
contigua con otros territorios lingüísticos de mismo idioma y finalmente la existencia de consenso social
explícito o tácito al reconocimiento de una lengua determinada como lengua oficial (20).
4. La jurisprudencia del Tribunal Federal
En cuestión judicial, el Tribunal Federal ha considerado que con una tasa del 26% (23% en relación con
el conjunto de la población residente) según cifras extraídas del Anuario Estadístico del cantón de Friburgo
1976, la minoría germanófona del distrito friburgués de la Sarine -que por cierto no constituye la mayoría en
ningún municipio del distrito- no podía pretender un procedimiento civil en su lengua ante el tribunal del
-4-
distrito francófono de la Sarine (21). En esta sentencia, los jueces se han referido en particular a un informe
de la Oficina de legislación de Friburgo de 16 de octubre de 1973 según el cual la lengua de la minoría
alcanza entre el 30% y el 33% de población residente de una región. Este porcentaje del 30% existe
también en la legislación federal sobre la circulación vial. En efecto, el art. 49.1 de la ordenanza sobre
señalización vial (OSR) de 5 de septiembre de 1979 prevé que "en lo que se refiere a los municipios donde
se hablan dos idiomas, hay que elegir la lengua hablada por la mayoría de los habitantes. Si el nombre de
una localidad se escribe de forma diferente en dos lenguas, el cartel de la localidad llevará las dos ortogra fías, en la medida que la minoría lingüística representa al menos el 30% de los habitantes".
Después de considerar que la obligación de redactar una demanda judicial en una lengua diferente de
la suya no suponía un perjuicio grave y duradero contra la libertad de la lengua, en una sentencia relativa al
cantón de Grisones, el Tribunal Federal estimó que era necesario basarse en la o las lenguas de todo el
territorio en el cual se ejerce una jurisdicción y no la lengua del municipio de una parte para determinar la
lengua de procedimiento (22). En consecuencia, se ha admitido en un obiter dictum que la exclusión del
romanche como lengua de procedimiento en un distrito donde esta lengua es usada por una población que
representa entre un 40% y un 50%, pero desigualmente distribuida entre los diferentes municipios, es
incompatible con la libertad de la lengua. Por consiguiente, el romanche debería ser reconocida como una
de las lenguas oficiales (23).
En la jurisprudencia, el Tribunal Federal insiste en el hecho de que sus decisiones en materia de
lenguas no se transponen de un ámbito a otro: "Si se puede justificar, a la vista de estas consideraciones,
reconocer sólo una lengua para el juicio, esto no significa por el contrario que la designación de la lengua
de la mayoría como única lengua de enseñanza en las escuelas públicas sea compatible con el derecho
fundamental de la libertad de la lengua" (24). Asimismo, en una sentencia reciente sobre la lengua de
procedimiento penal en el distrito de la Sarine (cantón de Friburgo): "En este caso, sólo se cuestiona el
procedimiento penal y corresponde examinar si la decisión impugnada es conforme al derecho constitu cional de la Confederación y del cantón. Por el contrario, no es necesario pronunciarse sobre los regímenes
y la práctica (25) relativa al procedimiento civil y al procedimiento administrativo. El resultado de este
recurso no podría por cierto extenderse a este ámbito o a otro como, por ejemplo, las escuelas, las inscrip ciones en los registros públicos, las explicaciones de voto" (26). Finalmente la apreciación de la lengua
oficial será diferente en función de que se trate de una entidad pequeña o grande. De este modo, el umbral
determinante del 35% fijado por el Tribunal Administrativo de Friburgo para reconocer como oficial la
lengua de la minoría de un municipio de menos de 1 000 habitantes (27) no ha sido considerada arbitraria
por los jueces federales (28).
II. Disposiciones lingüísticas de la Constitución federal
La Constitución federal de 29 de mayo de 1874 (a continuación: Cst. fed. 1874), aún en vigor, sólo
contiene dos disposiciones relativas a la lengua.
La más importante es el art. 116, que fue modificado por votación popular el 10 de marzo de 1966 (29)
con el siguiente contenido:
«1. Se garantiza la libertad de la lengua.
2. Las lenguas nacionales de Suiza son el alemán, el francés, el italiano y el romanche.
3. La Confederación y los cantones velarán por la salvaguarda y la promoción de las cuatro lenguas
-5-
nacionales en sus territorios de difusión. Los cantones tomarán medidas especiales para proteger las
lenguas nacionales amenazadas en un determinado territorio; la Confederación les apoyará en este senti do.
4. La Confederación y los cantones estimularán la comprensión entre las comunidades lingüísticas y la
presencia de las cuatro lenguas nacionales en todo el territorio de Suiza.
5. Las lenguas oficiales de Suiza son el alemán, el francés y el italiano. El romanche es lengua oficial
para las relaciones que la Confederación mantiene con las ciudadanas y los ciudadanos romanches y con
las instituciones romanches. Las modalidades están reguladas por ley.»
La otra disposición es el art. 107 par. 1 que determina:
«Los miembros y los suplentes del Tribunal Federal son nombrados por la Asamblea Federal, que
cuidará que las tres lenguas oficiales de la Confederación estén representadas.»
El 18 de abril de 1999, el pueblo suizo adoptó una nueva constitución federal que entrará en vigor el 1
de enero del 2000 (a continuación: Cst. fed. 1999). Desde el punto de vista de la lengua, esta constitución
no aporta ningún cambio particular con respecto a la Constitución de 1874, salvo que menciona de forma
expresa derechos y principios ya reconocidos por el Tribunal Federal en su jurisprudencia.
El art. 4 prevé que:
«Las lenguas nacionales son el alemán, el francés, el italiano y el romanche.»
El art. 8 excluye toda discriminación por motivos de la lengua.
El art. 18 garantiza la libertad de la lengua.
En cuanto al art. 70, que es la disposición central en esta cuestión, tiene el siguiente contenido:
«1. Las lenguas oficiales de la Confederación son el alemán, el francés y el italiano. El romanche es
también lengua oficial para las relaciones que la Confederación mantiene con las personas de la lengua
romanche.
2. Los cantones determinan las lenguas oficiales. Para preservar la armonía entre las comunidades
lingüísticas, protegerán la distribución territorial tradicional de las lenguas y tendrán en consideración a las
minorías lingüísticas autóctonas.
3. La Confederación y los cantones estimularán la comprensión y los intercambios entre las comuni dades lingüísticas.
4. La Confederación apoyará a los cantones plurilingües en la ejecución de sus tareas específicas.
5. La Confederación apoyará las medidas tomadas por el cantón de Grisones y de Tessin para salva guarda y promover el romanche y el italiano.»
Finalmente, el art. 188, que recoge el art. 107 par. 1 de la Constitución de 1874, prevé que "con
ocasión de la elección de los jueces del Tribunal Federal, la Asamblea Federal cuidará que las lenguas
oficiales estén representadas".
9
-6-
III. La lengua judicial
1. La lengua judicial del Tribunal federal
Según el art. 30 par. 1 de la ley federal de organización judicial de 16 de diciembre de 1943 (a conti nuación: OJ), todas las memorias destinadas al Tribunal Federal serán redactadas en una lengua nacional.
Las sentencias del Tribunal Federal serán redactadas en una lengua oficial, en general en la lengua de la
decisión recurrida. Si las partes hablar otra lengua oficial, el Tribunal Federal puede pronunciar su senten cia en esa lengua (30). En los juicios directos, es decir cuando el Tribunal Federal decide en única instan cia, el art. 37 par. 3 OJ menciona únicamente que "se tendrá en cuenta la lengua de las partes".
Como consecuencia de la adopción, el 10 de marzo de 1996, del nuevo art. 116 de la Constitución de
1874, el romanche se ha convertido en lengua oficial de la Confederación para las relaciones que mantiene
con las personas que hablan esta lengua. El 6 de junio de 1996, basándose en esta revisión constitucional,
el Tribunal Federal dictó su primera sentencia en romanche (31).
En cuanto al procedimiento ante el Tribunal Penal Federal, cuyas competencias son limitadas, se desa rrolla en la lengua del acusado si éste habla una de las lenguas oficiales (art. 10 y 97 de la ley federal de 15
de junio de 1934 sobre el procedimiento penal (a continuación: PPF) (32). Si hay varios acusados o en los
casos dudosos, el presidente decide (art. 97.1 in fine PPF). El fiscal general puede expresarse en la lengua
oficial de su elección (art. 97 PPF) sin estar vinculado a la del acusado, lo que en nuestra opinión es
impugnable.
2. Lengua judicial de las autoridades cantonales
Los cantones tienen el derecho de exigir ante sus tribunales el uso exclusivo de una lengua oficial o de
varias que determinen soberanamente (33). En efecto, según el art. 70 par. 2 de la Constitución Federal de
1999 (34), la reglamentación sobre el uso de la lengua en las relaciones con las autoridades y las institu ciones cantonales es competencia primaria de los cantones (35).
La gran mayoría de los cantones sólo tiene una lengua oficial (36). Tres son bilingües: Berna (ale mán-francés), Valais (francés-alemán) y Friburgo (francés-alemán). Uno es trilingüe: Los Grisones (alemán,
italiano y romanche) (37).
IV. La lengua de los jueces
1. Autoridades judiciales federales
A) Tribunal Federal
Ni la Constitución federal ni una posible ley determinan cómo se debe ordenar la distribución lingüística
prevista en los art. 107 ap. 1 Cst. fed. 1874 y 118 ap. 4 Cst. fed. 1999 (38). En realidad, en la elección de
los jueces federales, elegidos por un período renovable de seis años (art. 5 OJF), el Parlamento vela que
todas las regiones, las cuatro lenguas, los partidos políticos más importantes y las principales confesiones
estén representados equitativamente, es decir proporcionalmente a su importancia (39).
Todo ciudadano suizo elegible al Consejo Nacional (La Cámara del Pueblo, la Asamblea Nacional en
Francia o las Cortes en España) puede ser elegido juez federal o juez federal suplente. En otras palabras,
-7-
todos los suizos y todas las suizas son elegibles si han cumplido 18 años y no tienen un impedimento por
motivos de salud mental o de incapacidad mental. No es necesario estar domiciliado en Suiza en el
momento de su elección, ni tener una formación jurídica. En realidad, todos los jueces federales tienen esa
formación, son antiguos abogados, profesores de universidad o jueces cantonales, muchos son doctores
en Derecho y todos tienen una larga experiencia profesional. Sin embargo, al contrario de Francia por
ejemplo, estos jueces no proceden de una escuela especializada.
Los candidatos al puesto de juez federal son presentados al órgano de elección -la Asamblea Federal
que reúne al Consejo Nacional y al Consejo de los Estados (llamado Senado en Francia y en España) (40)por los partidos políticos que los seleccionan teniendo en cuenta los criterios arriba mencionados, en
particular el de la lengua y el de su cualificación profesional. De modo que la responsabilidad de garantizar
una representación equitativa de las cuatro comunidades lingüísticas del país en el Tribunal Federal y de
examinar en particular la pertenencia y los conocimientos lingüísticos reales de los jueces incumbe a los
partidos políticos cuya elección de los candidatos propuestos es, en principio, aprobada por la Asamblea
federal. Sin duda, se admite que el criterio lingüístico no es una condición de elegibilidad sino una simple
prescripción de orden, una directiva política no vinculante para permitir la representación equitativa de las
lenguas oficiales en el Tribunal Supremo del país (41). Lo cierto es que esta representación ha sido hasta
la fecha respetada.
Según algunos autores, una lengua está "representada" en el Tribunal Federal si un miembro la
comprende y la habla tan bien como su lengua materna (42). Esta concepción no tiene en cuenta el hecho
de que es importante, en un Estado federal plurilingüe, que las minorías lingüísticas del país estén repre sentadas(43) y sobre todo porque la Constitución federal de 1999 reconoce de forma expresa la existencia
de "comunidades lingüísticas" en Suiza y no sólo cuatro lenguas (art. 70 par. 2 y 3).
Se ha planteado recientemente esta cuestión de la representación de una comunidad lingüística con la
elección en 1998 de un juez cantonal friburgués perfectamente bilingüe en el Tribunal federal en sustitución
de un juez francófono del mismo cantón. La elección del nuevo juez, que había realizado toda su formación
jurídica en alemán y que, hasta su elección, había ejercido como juez germánico tanto en primera instancia
como en Tribunal cantonal de Friburgo, fue rechazado por la comunidad francófona.
Para el año 1999, de los treinta jueces del Tribunal federal, dieciocho son de lengua alemana, nueve de
lengua francesa, dos de lengua italiana y uno de lengua romanche. Las minorías están por tanto bien
representadas inclusive en cada sala del Tribunal Federal (44).
El art. 4.1 de la ley federal de enjuiciamiento civil federal de 4 de diciembre de 1947 precisa que el juez
y las partes deben utilizar una de las lenguas nacionales de la Confederación. Lo cierto es que se espera
por parte de los jueces federales y, en menor medida, de los secretarios, los agentes u los colaboradores
personales, que puedan comprender el alemán, el francés y el italiano.
El uso quiere que un juez que instruye un asunto en una lengua que no sea la suya vaya acompañado
de un colega de esa lengua para la audición de los testigos. Además, las relaciones y las deliberaciones -en
principio públicas- se hacen en la lengua de cada juez, los de Ticino usan en general el francés, o incluso el
alemán, y el juez romanche el alemán. En la medida de lo posible, los sumarios se reparten entre los jueces
según su lengua materna, a los jueces francófonos sólo se les reparte, en general, sumarios en lengua
francesa. Las actas judiciales y los documentos redactados en una lengua oficial en general no se traducen
(45).
En 1998, de los sumarios tratados por el Tribunal Federal, todos los tribunales confundidos, el 58,8% se
hicieron en alemán, el 31,8% en francés y el 9,5% en italiano, lo que corresponde grosso modo con la
distribución lingüística del país (46).
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B) El Ministerio Fiscal de la Confederación
El Fiscal General de la Confederación está bajo la vigilancia y la dirección del gobierno (el Consejo
federal, art. 14.1 de la ley federal de 15 de junio de 1934 sobre el procedimiento penal, a continuación:
PPF). En los casos previstos por la ley, dirige las investigaciones de la policía judicial, apoya la acusación
ante los tribunales de la Confederación y en las causas instruidas en virtud de la ley federal sobre Derecho
penal administrativo de 22 de marzo de 1974, puede intervenir ante los tribunales cantonales (art. 15 PPF).
El Consejo federal designa a un representante permanente del fiscal general para cada región lingüística; el
fiscal general puede encargar a este representante que le sustituya en los debates o también en la instruc ción preparatoria (art. 16.2 PPF).
La ley no prevé ninguna exigencia lingüística para ocupar este puesto. En realidad, el Procurador de la
Confederación debe conocer el alemán, el Francés y, si es posible, el italiano.
2. Autoridades judiciales cantonales
A) Autoridades judiciales de los cantones monolingües
En aplicación del principio de territorialidad, todos los procedimientos se desarrollan en la lengua judicial
del cantón. De modo que, por ejemplo, en los cantones de Ginebra, Vaud y Jura, todos los procedimientos
se desarrollan únicamente en francés, en Ticino el italiano es la lengua exclusiva de los tribunales y los
tribunales de Zurich y Lucerna sólo actúan en alemán (47).
Los jueces sólo tienen la obligación, según una norma tácita, de conocer la lengua de la autoridad judi cial a la que pertenecen.
B) Autoridades judiciales de los cantones plurilingües
a) Autoridades judiciales del cantón de Berna
a’) Situación lingüística del cantón
El cantón de Berna, que cuenta con 958.192 habitantes según el último censo federal de la población
de 1990, se compone esencialmente de dos comunidades lingüísticas, una de lengua alemana que consti tuye la gran mayoría (un 83,7% de la población cantonal), y otra francófona (un 7,8%, es decir 74.400
habitantes) (48), principalmente concentrada en el Jura de Berna y en el distrito bilingüe de Bienne.
b’) Disposiciones lingüísticas de la Constitución del cantón de Berna
La reciente Constitución bernesa, adoptada por votación popular de 6 de junio de 1993 y que entró en
vigor el 1 de enero de 1995, contiene varias disposiciones relativas a la lengua.
Esta Constitución se distingue en particular de las otras constituciones cantonales porque menciona
expresamente la protección de las minorías en su art. 4 en los siguientes términos:
«1. Se tienen en cuenta las necesidades de las minorías lingüísticas, culturales y regionales.
2. Para este fin, se pueden atribuir competencias particulares a estas minorías.»
Este principio general está desarrollado y precisado en el art. 5, que reconoce un estatuto particular al
Jura bernés. Este estatuto "le debe permitir preservar su identidad, conservar su particularidad lingüística y
-9-
cultural y participar activamente en la vida política cantonal" (arts. 5 al 1).
La disposición principal en materia de lengua, que consagra el bilingüismo del cantón de Berna, es el
art. 6 que dispone lo siguiente:
«1. El francés y el alemán son las lenguas nacionales y oficiales del cantón de Berna.
2. Las lenguas oficiales son
a) el francés en el Jura bernés,
b) el francés y el alemán en el distrito de Bienne,
c) el alemán en los demás distritos.
3. El cantón y los municipios pueden tener en cuenta situaciones particulares resultantes del carácter
bilingüe del cantón.
4. Toda persona puede dirigirse en la lengua de su elección a las autoridades competente de todo el
cantón.»
A la manera de la Constitución federal y de diversos textos internacionales (por ejemplo el art. 14 de la
Convención Europea de los Derechos Humanos, art. 2 y 26 del Pacto II de la ONU), art. 10.1 garantiza la
igualdad de derecho y precisa que "toda discriminación, en particular por motivos de raza, color, sexo,
lengua, origen, modo de vida y convicciones política o religiosas, queda absolutamente prohibida". En
cuanto al art. 15, garantiza como los art. 116.1 Cst. fed. 1874 y 18 Cst. fed. 1999, la libertad de lengua,
quedando restringida en las relaciones con las autoridades a las lenguas oficiales (art. 6.2) y según el prin cipio de territorialidad.
Conviene mencionar el art. 84.2 que determina que se garantiza un escaño del Consejo ejecutivo
(gobierno cantonal) al Jura bernés. Esta disposición precisa que "elegible todo ciudadano, toda ciudadana
de lengua francesa que reside en el distrito de Courtelary, de Moutier o de La Neuveville" (49). Se consi dera de lengua francesa a toda persona bilingüe o de lengua materna francesa (50). En cuanto al art. 92
dedicado a la administración central, dispone en su tercer párrafo que "una proporción equitativa del
personal debe ser de lengua francesa". Este artículo se refiere también a la administración judicial cantonal.
c’) El Tribunal Supremo cantonal
Como su nombre indica, el Tribunal Supremo es la autoridad judicial superior del cantón en cuestión
civil y penal (art. 98.1 letra b y 99.1 letra a Cst. cant.). Se compone, según la ley, de al menos dieciocho
miembro, de un máximo de veintitrés miembros, y de entre trece y quince miembros suplentes (art. 6 de la
ley sobre la organización de las jurisdicciones civiles y penales de 14 de marzo de 1995, RSB 161.1, a
continuación: LOJ). Actualmente son miembros veinte jueces de apelación de los cuales dos de lengua
francesa y dieciocho de lengua alemana (51).
Las exigencias lingüísticas a las que deben responder los candidatos al puesto de juez cantonal están
mencionadas en el art. 5.3 LOJ que determina:
«Los miembros y los miembros suplentes del Tribunal Supremo deben saber las dos lenguas oficiales.»
Ocurre lo mismo con las personas que forman parte del Ministerio Fiscal (art. 83.2 LOJ).
El Tribunal de Apelación está constituido por dos Salas de lo Civil de lengua alemana y una sala bilingüe
(francés y alemán). Existe además una sección penal, compuesta por dos salas de lengua alemana y dos
salas bilingües (francés y alemán) (52).
Un asunto se confiará a un juez instructor o a un relator de lengua materna francesa, si la lengua judi -
- 10 -
cial de primera instancia es el francés (53) o si las dos partes expresan el deseo de que el asunto sea
tratado en lengua francesa y que la otra, solicitándolo, lo consienta (art. 10.1 del Reglamento de Organiza ción del Tribunal Supremo del cantón de Berna, RSB 162. 11, a continuación: Reglamento).
Según los términos del art. 10.2 del Reglamento: "La entrega de una memoria en lengua francesa crea
la presunción refutable de que la parte en cuestión desea un enjuiciamiento en lengua francesa".
Corresponde al presidente de la sala en cuestión, si el asunto no ha sido aún atribuido, o al juez impli cado, si este es el caso, resolver la cuestión de la lengua del procedimiento según el art. 10.1 del Regla mento. En caso de litigio entre dos salas, dos partes o entre la sala requerida y una parte sobre la existen cia de una de las condiciones del art. 10.1 del Reglamento, lo decide el presidente de la sección (art. 10.4
del Reglamento).
Finalmente, si la lengua francesa cumple una función importante en un procedimiento realizado en
alemán, el art. 10.5 del Reglamento permite a un miembro de la sala de lengua francesa, solicitándolo
previamente, ponerse a disposición de la sala requerida. Lo contrario también es válido.
Sólo existe una autoridad judicial de primera instancia bilingüe: la del distrito de Bienne que dispone de
una reglamentación particular (54).
En aplicación del principio de territorialidad de las lenguas, la lengua judicial es la del distrito del cual
depende esta autoridad judicial, es decir en virtud del art. 6.2 Cst. cant. y del art. 2.3 LOJ el francés en el
Jura bernés y el alemán en los demás distritos. De este modo, once distritos judiciales son de lengua
alemana y sólo se componen de jueces de lengua alemana. El distrito bilingüe de Bienne-Nidau se
compone de tres jueces de lengua francesa y de seis jueces de lengua alemana, mientras que el distrito de
Courtelary-Moutier-La Neuveville sólo tiene jueces francófonos. Los jueces de los distritos monolingües sólo
deben conocer la lengua utilizada en su distrito.
b) Autoridades judiciales del cantón de Valais
Este cantón de 249.817 habitantes es mayoritariamente francófono (un 59,7% de la población). La
minoría germanófona representa el 29,4% de la población y ocupa principalmente el Norte del cantón, el
Alto-Valais.
La unidad geográfica de Valais, con el valle del Ródano que corre de un lado a otro, su unidad confe sional (el 92,8% de la población es católica), un equilibrio económico entre sus diferentes regiones, una
frontera lingüística estable y reconocida por las dos comunidades lingüísticas (55), así como un cierto
patriotismo rodaniano han desarrollado un espíritu de convivencia lingüística bastante notable (56).
b’) Disposiciones lingüísticas de la Constitución del cantón de Valais
El cantón del Valais fue el primer cantón que reconoció la igualdad entre el alemán y el francés en su
Constitución de 1848.
El art. 12 de la Constitución cantonal de 8 de marzo de 1907 dispone lo siguiente:
- 11 -
«1. La lengua francesa y la lengua alemana son declaradas nacionales.
2. Se debe respetar la igualdad de tratamiento entre las dos lenguas en la legislación y en la adminis tración (57).»
El art. 7.1 de la ley de organización judicial de 13 de mayo de 1960 prevé que el Tribunal cantonal se
compone de diez jueces y de diez suplentes. No obstante, el Gran Consejo (Parlamento cantonal), que es
el órgano de elección, puede, por vía de decreto y si esto se revela indispensable, aumentar el número de
jueces principales y el de los suplentes a trece. Actualmente, hay once jueces titulares y diez jueces
suplentes (58). Al menos tres jueces titulares y tres jueces suplentes deben ser de lengua materna alemana
(art. 7.1, 3.º frase de la ley de organización judicial) (59). Si se aumenta el número de jueces a trece, al
menos cuatro jueces principales deberán ser de lengua alemana. Por el contrario, la ley no prevé la
exigencia lingüística para ocupar el puesto de Fiscal General.
Si el Tribunal cantonal es apto para afrontar asuntos tanto de lengua francesa como de lengua alema na, los conocimientos lingüísticos reales de los jueces no se controlan, lo cual dio lugar hace unos años a
una polémica.
En efecto, en 1987, con ocasión de la elección de un nuevo juez francófono, la minoría germanófona
consideró que este nueve juez no tenía suficientes conocimientos de alemán y no cumplía, por tanto, las
condiciones del art. 62.2 de la Constitución. La decisión de elección del Gran Consejo fue objeto de un
recurso ante el Tribunal Federal. Éste desestimó el recurso resaltando que, si el constituyente de 1907
hubiera deseado que se verificaran los conocimientos lingüísticos de los jueces, habría previsto expresa mente ese examen así como una autoridad cantonal para llevarlo a cabo. Ante esta ausencia, el Tribunal
federal no tiene que juzgar los conocimientos lingüísticos del nuevo juez (60). En cualquier caso, todo liti gante germanófono puede solicitar la recusación de un juez si considera que no es apto para comprender
la causa.
El art. 17.3 del decreto de ejecución de la ley de organización judicial de 13 de mayor de 1960 prevé
que en Tribunal cantonal, "las actas, las decisiones y las sentencias se rigen, en principio, en la lengua del
tribunal (de primera instancia) que ha instruido el proceso. "En caso de juicio directo, es decir cuando el
Tribunal cantonal funciona como autoridad de primera instancia, la lengua de redacción de la sentencia
será aquella en la que las partes se han entendido, y en su defecto de la parte defensora. Sin embargo, la
instrucción puede realizarse indistintamente en alemán o en francés (61).
El art. 17.4 del decreto de 1960 prevé todavía que cuando las circunstancias lo justifican, en particular
para salvaguardar mejor el derecho de ser oído de una parte, se puede prescindir de estas normas.
Además, cuando el Estado, establecimientos o corporaciones dependientes acuden a la justicia contra una
persona privada, prevalece la lengua materna de ésta, siempre que sea una de las lenguas oficiales del
cantón.
En la composición de las salas del Tribunal cantonal, la elección de los presidentes y la designación del
juez relator, se tiene en cuenta la lengua del procedimiento.
El procedimiento es en principio en francés en el Bajo Valais y el Valais central inclusive para la capital
del cantón, Sion, y en alemán en el Alto Valais.
No hay tribunales bilingües (62). Sin embargo, conforme al art. 385 del Código de Enjuiciamiento Civil
de Valais de 22 de noviembre de 1919, "en los actos de procedimiento y en los debates orales, cada parte
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puede, a su elección, usar una de las dos lenguas nacionales del cantón", excepto ante los jueces de los
municipios donde la lengua es la del recurso. Ocurre lo mismo con el procedimiento penal, salvo en los
juicios ante los tribunales de policía donde prevalece la lengua de la sede, ya sea el alemán en el Alto
Valais y el francés en la parte romanche del cantón (63). Esto supone que los jueces de primera instancia
deberían conocer el francés y el alemán, lo que no sucede en todos los casos. Es cierto que la ley no exige
requisitos lingüísticos para ocupar un cargo judicial.
c) Autoridades judiciales del cantón de Grisones
El mayor cantón de Suiza por superficie constituye un sorprendente mosaico lingüístico.
En 1990 la población residente estaba integrada por un 65,3% de germanófonos, un 11% de italopar lantes, un 17,1% de romanches y un 6,6% de personas que hablan otra lengua. Junto a la mayoría
germanófona (113.611 hablantes de los 173.890 habitantes del cantón), la comunidad de lengua italiana
(19.190 hablantes) ocupa principalmente cuatro de los cinco valles meridionales del cantón (Calanca,
Mesolcina, Bregablia y Poschiavo) integrados por veinticuatro municipios (de los 213 municipios del
cantón). En cuanto al área lingüística tradicional romanche (29.679 hablantes son de lengua romanche),
cubre ciento veintiún municipios. Sin embargo este área no tiene unidad geográfica ni, paradójicamente,
lingüística. En efecto, los romanches se concentran en tres zonas distintas: el Engadine, el centro de los
Grisones y el "Surleva". La comunidad romanche está además fragmentada en cinco idiomas estrecha mente emparentados (el sursilvan, el sutsilvan, el sumirán, el puter y el vallader, formando estos dos últi mos el ladino). En 1992, un acontecimiento de importancia capital para el futuro de los romanches fue la
creación del rumantch grischun, lengua de compromiso basada esencialmente en los tres pilares consti tuidos por los idiomas más resistentes: el sursilvan (17.000 hablantes), el ladino (9.000 hablantes) y el
sumiran (3.000 hablantes) (64).
b’) Disposiciones lingüísticas de la Constitución del cantón de Grisones
La Constitución cantonal del 2 de octubre de 1892, sin nombrarlas expresamente, se contenta con
afirmar en su art. 46:
«Las tres lenguas del cantón están garantizadas como lenguas nacionales.»
La Constitución garantiza por tanto el alemán, el romanche y el italiano como "lenguas nacionales"
(Ladessprache, lengua del "paese"), términos que debemos comprender en el sentido de "lenguas nacio nales y oficiales" (65). De este modo, el cantón de Grisones es el único cantón de Suiza oficialmente trilin güe.
En realidad, las tres lenguas oficiales de Grisones no están situadas en pie de igualdad, pues el alemán
es la lengua principal. Todo romanche o grisón de lengua italiana habla esta lengua o, más precisamente,
"con un acento bastante fuerte un dialecto suizo alemán híbrido, salpicado de rasgos tomados del alemán
estándar que aprendió en la escuela" (66).
Los esfuerzos de algunas personalidades, como el jurista Rudolf Viletta (67), para dar un auténtico
estatuto al romanche, en particular deduciendo de la Constitución federal de 1874 y de la Constitución
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cantonal el deber del Estado de velar por el respeto del principio territorial en el área lingüística reto-ro manche, han quedado de momento sin continuación, a pesar de la adopción en 1996 de un nuevo art. 116
de la Constitución federal y en 1999 de la nueva Constitución federal que otorgaba a los cantones el deber
de tomar medidas para proteger las lenguas nacionales amenazadas en su territorio.
Es cierto que con la firma, el 9 de octubre de 1993, de la Carta Europea de Lenguas Regionales o
Minoritarias, el Consejo Federal ha dado algunas esperanzas a la comunidad romanche y, en menor
medida, a los italoparlantes de la región (68). Aunque las disposiciones de la Carta no sean directamente
aplicables, sino que establecen simples "principios de carácter programático que deben guiar la política de
los Estados Parte" (FF 1997 II 1120), la Carta debería tener las siguientes consecuencias, en materia judi cial, para las minorías romanches e italianas de Grisones:
En los procedimientos penales, el acusado de lengua romanche o italiana tiene el derecho de expre sarse en su lengua (art. 9 par. 1 letra a, ii de la Carta); además de las demandas y las pruebas escritas se
pueden presentar en romanche o en italiano sin riesgo de que sean declaradas improcedentes, recurriendo
en caso necesario sin gastos a un intérprete o a traducciones (art. 9 par.1 letra a, iii). En los procedimientos
civiles, los hablantes romanches o los italoparlantes pueden expresarse en su lengua sin incurrir por ello en
gastos adicionales y presentar documentos y pruebas en su lengua, utilizando en caso necesario intérpre tes o traducciones (art. 9 par.1 letra b, ii e iii). A favor de los italoparlantes de Grisones se garantiza además
que puedan tener un procedimiento en italiano tanto en materia penal como civil y recurrir eventualmente a
un intérprete y a traducciones en materia civil sin que esto suponga gastos adicionales (art. 9 par. 1 letra a
i, letra b i y art. 9 d).
El art. 9 par. 2 letra a prevé finalmente que los Estados Parte de la Carta se comprometen a no recha zar la validez de los actos jurídicos establecidos en el Estado por el mero hecho de que estén redactados
en una lengua regional (en este supuesto el romanche o el italiano) y el art. 9.3 invita a los Estados Parte a
poner a disposición, en las lenguas regionales, los textos legales nacionales más importantes y los que
afecten en particular a los usuarios de estas lenguas, salvo que estos textos ya estén disponibles por otra
vía. Esta exigencia ya se cumple desde hace muchos años en Suiza.
Ni el Código de Enjuiciamiento Civil ni el Código de Enjuiciamiento Criminal de Grisones especifican el
principio del art. 46 Cst. cant.
De los trece jueces cantonales, actualmente diez son de lengua materna alemana, dos de lengua
materna romanche y uno de lengua materna italiana (69).
El art. 28 de la ordenanza sobre la organización de la justicia del Tribunal cantonal de 2 de junio de
1961 (BR 173. 110) dispone lo siguiente:
«Las lenguas judiciales son las nacionales determinadas por la Constitución cantonal. La notificación de
las sentencias se efectúa en lengua alemana. En la zona italoparlante del cantón debe enviarse a las partes
una traducción en italiano. La fuerza de cosa juzgada se atribuye al texto alemán de las sentencias y los
fallos.»
ri0 Esta ordenanza, de dudosa constitucionalidad, no ha sido de hecho aplicada. El Tribunal cantonal
sigue una práctica bastante flexible en esta materia haciendo gala de pragmatismo.
De esta forma, dicta y redacta sus sentencias principalmente en alemán, incluso cuando el proceso ha
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sido sentenciado en primera instancia por un tribunal romanche o italoparlante (70). Sin embargo, se puede
obtener una sentencia en estas lenguas si una de las partes lo solicita. Además los debates orales y los
documentos escritos pueden ser en romanche o en italiano (71).
Aproximadamente el 90% de las sentencias son dictadas en alemán y el 10% en italiano. No existen
prácticamente peticiones de redacción en romanche.
La gran mayoría de los procesos se desarrollan en alemán, excepto en la zona italoparlante del cantón.
No hay exigencias lingüísticas particulares para ser juzgado en Grisones.
d) Autoridades judiciales del cantón de Friburgo (72)
El cantón de Friburgo, con un total de 213.571 habitantes, de los que el 67,27% son de lengua francesa
y el 32,73% de lengua alemana es desde hace muchos años teatro de querellas lingüísticas bastante fuer tes (73).
En el plano administrativo se divide en siete distritos que constituyen otros tantos departamentos judi ciales. Cinco distritos son francófonos y mayoritariamente católicos (Gruyère, Glâne, Veveyse, Broye y
Sarine), un distrito es germánico y católico (Singine) y un distrito tiene la particularidad de ser bilingüe y
estar distribuido entre protestantes y católicos (Lac).
b’) Disposiciones lingüísticas de la Constitución del cantón de Friburgo
El art. 21 de la Constitución del cantón de Friburgo de 7 de mayo de 1857 determinaba lo siguiente:
«Las leyes, decretos y sentencias serán publicados en francés y en alemán. El texto francés se declara
texto original.» El pueblo de Friburgo adoptó el 23 de septiembre de 1990, con gran mayoría, un nuevo art.
21, actualmente vigente, redactado del modo siguiente:
«1. El francés y el alemán son las lenguas oficiales. Su uso se regula respetando la territorialidad.
2. El Estado favorece la comprensión entre las dos comunidades lingüísticas.»
Como subraya el Tribunal Federal, no mencionando nada la libertad de lengua pero citando expresa mente el principio territorial, la Constitución cantonal "confiere a éste un peso suplementario" (74). Esta
afirmación está relativamente moderada por el segundo párrafo del art. 21.
El art. 61 prevé además que:
«La mayoría tanto de los miembros como de los suplentes del Tribunal cantonal deben poseer el cono cimiento de las lenguas francesa y alemana.»
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La composición lingüística de la autoridad judicial superior del cantón, que cuenta con siete jueces y
catorce suplentes, es la siguiente: dos jueces son germanófonos y perfectamente bilingües, y cinco jueces
son francófonos y con conocimientos más o menos profundos del alemán.
Esta composición cumple las exigencias del art. 61 de la Constitución cantonal que prevé que la mayo ría de los jueces debe poseer el conocimiento de las dos lenguas oficiales del cantón (75). Estas disposi ciones constitucionales deben ser leídas junto con el art. 16 apartado 2 de la ley de organización judicial de
22 de noviembre de 1948 (en adelante: LOJ) que exige que al menos dos jueces sean de lengua alemana
(76) sin precisar si se trata de su lengua materna o, como determina la legislación belga por ejemplo, aque lla en que han realizado su formación jurídica.
No obstante, conviene señalar que las deliberaciones del Tribunal cantonal se desarrollan en principio
en francés.
Como autoridad de apelación, los diversos tribunales civiles y penales del Tribunal cantonal actúan y
dictan sus sentencias en la decisión denunciada (77). Es, por cierto, la misma solución adoptada por el
Tribunal Federal. En las impugnaciones presentadas directamente ante el Tribunal cantonal (78), el expe diente se lleva a cabo en la lengua del defensor, a menos que las partes acuerden otra cosa.
Observemos también que el Tribunal cantonal puede intervenir en la resolución de problemas lingüís ticos a través del art. 151.2 LOJ que le otorga competencia, con el acuerdo de las partes, para atribuir una
causa pendiente a un juez o a un tribunal de otro departamento.
Las dos comunidades lingüísticas están representadas en todas las salas del Tribunal cantonal, los
jueces germanófonos son designados jueces relatores en todos los asuntos de lengua alemana y funcionan
ejercen también de relatores en algunos asuntos de lengua francesa debido a su bilingüismo. En 1998, el
17% de las sentencias dictadas por el Tribunal cantonal o una de las secciones se hicieron en alemán.
La lengua judicial es el francés en cinco distritos (Sarine, Gruyère, Glâne y Veveyse) y el alemán (79)
en el departamento (Singine). Sólo las autoridades judiciales del distrito de Lac son bilingües (80). Estas
autoridades llevan a cabo los procedimientos civiles en la lengua oficial hablada por el defensor (81). En
cuanto a los procedimientos penales competencia del distrito del Lac, tienen lugar en la lengua oficial
hablada por el encausado (82).
Los jueces de primera instancia, aunque no se mencione esta exigencia en la ley, deben conocer la
lengua del Tribunal en la que debaten o en el caso de los jueces de instrucción, la lengua en la que se
instruirá el asunto. Se trata aquí de una consecuencia lógica del principio de territorialidad. Curiosamente,
la ley no plantea ninguna condición en cuanto al perfecto dominio de ambas lenguas oficiales del distrito
bilingüe de Lac para acceder a un cargo de juez en este departamento judicial. Ocurre lo mismo con los
jueces francófonos del Tribunal de Gruyère y, en particular, en el Tribunal de Sarine, que, en virtud de
disposiciones legales particulares, tratan procedimientos en alemán (83). Por el contrario, le ley de 11 de
febrero de 1873 sobre el Ministerio Fiscal exige, en su art. 2.2., que el Fiscal General y sus sustitutos
"deben conocer el francés y el alemán".
V. Conclusión
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No hay proceso equitativo si el acusado o las partes no están en disposición de emitir su punto de vista
de forma completa sin tener dificultades con la lengua y si el juez no les entiende por motivos lingüísticos.
Por otra parte las autoridades judiciales no constituyen un cuerpo separado del contexto lingüístico y cultu ral. Por esta razón nos parece importante distinguir claramente el derecho del justiciable a expresarse en
su lengua y de recibir información en esta lengua o en una que comprenda, si es necesario con la ayuda de
un intérprete, y la lengua del procedimiento que es la del juez y se determina en general según el principio
de territorialidad.
Si las garantías mínimas en materia lingüística ya han sido previstas por textos internacionales como,
por ejemplo, los arts. 5.2 y 6.3 letra a y e CEDH, así como el art. 14 cap. 1 letra a y f Pacto II ONU -disposi ciones recogidas por las legislaciones nacionales-, la determinación de la o las lenguas judiciales es una
cuestión política interna que escapa a la voluntad de las partes en el procedimiento y a la del juez.
En Suiza han prevalecido una legislación sucinta y el pragmatismo en materia de derecho de lenguas
hasta hoy, por lo que algunos han dicho, no sin humor, que Suiza nunca ha resuelto la cuestión de las
lenguas, simplemente ha evitado plantearla (84). Esta política tiene sus límites y puede incluso ser fuente
de tensiones entre las comunidades lingüísticas. Así, los jueces de las autoridades judiciales penales y civi les plurilingües tienen que enfrentarse cada vez más, debido a una legislación incompleta, a problemas
lingüísticos que deben resolver previamente, cuando son requeridos para litigios que en su origen tienen
naturaleza lingüística. Ahora bien, estas decisiones pueden repercutir en otros ámbitos distintos del judicial
y poner en peligro equilibrios frágiles entre diferentes comunidades lingüísticas.
Como señala el Profesor DESSEMONTET, "en definitiva, es notable que en Suiza la política de los polí ticos no se ocupa de las lenguas. Ningún partido se preocupa de ello. Ningún movimiento de fondo hace
temblar a las masas. Sin embargo, las cuestiones de paz y de fidelidad confederales desempeñarán un
papel creciente en un país que busca nuevos motivos de ser, y que paradójicamente se siente amenazado
en su base por la internacionalización del mundo contemporáneo…" (85). Desde esta perspectiva, la legis lación de Berna sobre el derecho de las minorías y de las lenguas ofrece nuevas posibilidades en las que
podrían inspirarse otros cantones.
Fribourg, 14 de octubre de 1999
VI. Abreviaturas
Art./Art.
Artículo
ATF
Recopilación oficial de sentencias del Tribunal Federal Suizo
BISschK
Blätter für Schuldbetreigbung un KonKurs
CEDH
Convención de salvaguarda de derechos humanos y libertades fundamentales de 4 de noviembre de
1950 (Convención Europea de Derechos Humanos)
consid.
Considerando
Cst. cant.
Constitución cantonal
Cst. fed.
Constitución Federal de la Confederación Suiza
- 17 -
Extractos
Extractos de las principales sentencias del Tribunal cantonal y de decisiones del Consejo de Estado del
cantón de Friburgo.
FF
Hoja federal
JdT
Diario de los tribunales
litt./let.
Letra
LOJ
Ley cantonal de organización judicial
OJ
Ley federal de organización judicial de 16 de diciembre de 1943
op. cit.
Obra citada
PCF
Ley federal de enjuiciamiento civil federal de 4 de diciembre de 1947
PJA
Práctica Jurídica Actual (en alemán AJP)
RFJ
Revista friburguesa de jurisprudencia
RSB
Compendio sistemático de Berna
SJ
Semana judicial
Zbl
Schweizerisches Zentralblatt für Staats-und Gemeindeverwaltung
VII. Anexos
1. Mapa de áreas lingüísticas suizas
2. Mapa de áreas tradicionales de difusión de lenguas romanches en los Grisones
NOTAS:
(1) Para una presentación en español de la situación lingüística y del derecho de las lenguas en Suiza,
cf. LUZIUS WILDHABER, "Los derechos lingüísticos en Suiza", en La administración de justicia de los
estados plurilingües, Barcelona, 1997, págs. 45 ss.; sobre la lengua judicial cf. Alexandre PAPAUX, "La
lengua judicial en el Derecho suizo", misma obra, págs. 81 ss.
(2) Cf. art. 116 par. 1 de la Constitución federal de 29 de mayo de 1874 actualmente en vigor. Esta
disposición ha sido revisada el 10 de marzo de 1996.
(3) Es decir 39 632 hablantes.
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(4) Cf. art. 115 par. 4 de la Constitución de 1874.
(5) 20,5% de la población residente en Suiza es francófona, de la cual el 19,2% es de nacionalidad
suiza.
(6) 7,67% de la población residente, de la cual el 4,1% es de nacionalidad suiza.
(7) Joseph VOYAME, "Le statu des langues en Suisse", en Langue et droit, Montreal, 1989, pág. 344;
René KNÜSSEL, Les minorités ethnolinguistiques autochtones à territoire: l’exemple du cas helvétique,
tesis, Lausana, 1994, págs. 173 ss., págs. 249 ss. El 93,3% de los germanófonos hablan un dialecto
regional en la vida diaria y de ellos el 64,4% dicen que nunca se expresan en alemán literario (Hoch deutsch).
(8) Según el último censo de 1990, Suiza cuenta con 6.873.687 habitantes de los cuales 5.628.255 son
de nacionalidad suiza, cf. Annuaire statistique de la Suisse, 1995, pág. 351.
(9) Por ejemplo, hay 116.672 hispanohablantes en Suiza.
(10) Georges LÜDI, "Repertorio plurilingüe: el caso de Suiza", en Le plurilingüisme européen, Théories
et pratiques en politique linguistique, Paris, 1994, pág. 155.
(11) Art. 64 par. 3 y 4 bis par. 2 de la Constitución de 1874, art. 122.2 y 123.3 de la Constitución de
1999; Blaise KNAPP, Comentario de la Constitución federal, ad art. 64 par. 62 ss. y ad art. 64 bis par. 37 ss.
(12) Art. 106 a 114 de la Constitución de 1874; art. 188 a 191 de la Constitución de 1999; Walther
HALLER, Comentario de la Constitución federal, ad art. 106 a 114.
(13) Los arts. 110 y 111 de esta ordenanza prevén que el francés, excluyendo a cualquier otra lengua
vernácula, es la lengua de procedimientos de las distintas
jurisdicciones. Esta cláusula se considera como la legalización del francés como lengua oficial para todo
el Reino de Francia. Esta medida es consecuencia de diversas iniciativas del poder central que quiere, en
primer lugar, sustituir el latín, vehículo de influencia de la Iglesia y del Derecho canónico, en beneficio de las
lenguas regionales. Cuando aparecieron los inconvenientes de la diversidad de usos locales, la lengua del
rey se impuso en las relaciones con el poder estatal. Cf. en particular B. QUEMADA, "Les réformes du
français", en: Les réformes del langues, Histoire et avenir, Hamburgo, 1984, vol. II, págs. 82 y ss.; H.
WALTER, L’aventure del langues en Occident, Paris, 1994, pág. 244; J. CHAUBRAND, La nouvelle histoire
de la langue française, Paris, 1999, págs. 149 y ss.; R. ROUQUETTE, "Nota sobre la sentencia Quillevère
dictada el 21.11.1984 por el Tribunal Administrativo de Rennes", Recopilación Dalloz Sirey, 1985, págs.
465, 468.
(14) D. DAOUST/J. MAURAIS, "L’aménagement linguistique", en: Politique linguistique et aménagement
linguistique, Québec/Paris, 1987, pág. 14; J.-C. CORBEIL, "Vers un aménagement linguistique comparé",
misma obra, pág. 555.
(15) Art. 116 Constitución Federal de 29 de mayo de 1874; art. 4 y 40 Constitución Federal de 18 de
abril de 1999.
(16) Art. 4 de la Constitución belga de 17 de febrero de 1994.
(17) Art. 3 de la Constitución española de 6 de diciembre de 1978.
(18) ATF 100/1974 la 462 DERUNGS, consideración 2 b, JdT 1976 I 570; para un resumen de la juris prudencia del Tribunal Federal sobre el principio de territorialidad cf. en particular: G. BIAGGINI, "Sprache freiheit un Territorialitätsprinzip", Recht 3/97, págs. 112 y ss. 117 y ss.; A. AUER, "D’une liberté non écrite
qui n’aurait pas dû l’être: la "liberté de la langue"", AJP/PJA 8/92, págs. 955 y ss. 963 y ss; B. WILSON, La
liberté de la langue des minorités en la enseñanza, Basilea, 1999, págs. 153 y ss.
(19) Cf. en particular W. F. MACKEY, Bilinguisme et contacts des langues, Paris, 1976, págs. 82-83.
(20) Cf. en particular Joseph VOYAME, "Informe legal remitido al Consejo de Estado del cantón de
Friburgo el 30 de septiembre de 1991 sobre el nuevo artículo constitucional de las lenguas oficiales y a
propósito de su aplicación en la legislación y la práctica", en: Bulletin officiel des séances du Grand Conseil
- 19 -
du canton de Fribourg, 1992, págs. 2.813 y ss., especialmente págs. 2.842 y ss; el Tribunal Federal se
refiere ampliamente a este informe legal en su sentencia no publicada de 22 de enero de 1997 (2P.
211/1996) relativa al municipio de Cressier, a continuación: decreto Cressier; Jean Claude CORBEIL, op.
cit., pág. 556, págs. 309 ss., espec. pág. 314 y referencias; Erik ALLARDT, "Qu’est-ce qu’une minorité
linguistique?" en: Les minorités en Europe, Droits linguistiques et droits de l’homme, Paris, 1992, págs. 45 y
ss; F. CAPOTORTI, Etude des droits des personnes appartenan aux minorités ethniques, religieuxes et
linguistiques, Naciones Unidas, New York 1991, págs. 5-16.
(21) ATF 106/1980 la 299 BRUNNER, JdT 1982 I pág. 230. Según el primer censo federal de 1990,
esta tasa ha disminuido en 19,31% (cf. anexo 2 al informe de la comisión de estudio para la aplicación del
art. 21 de la Constitución friburguesa sobre lenguas oficiales, octubre de 1993, a continuación: informe
SCHWALLER).
(22) Zbl 83/1982 pág. 356 ALBULA, en particular consid. 2.c.) y 3.b) cc).
(23) Consid. 3. c) bb). Los jueces federales resaltan también que un municipio con un 50% de italopar lantes, un 31% de germanófonos y un 18% de romanches puede reconocer únicamente el italiano y el
alemán como lenguas oficiales cf. consid. 3.c) cc).
(24) ATF 106/1980 la 299 consid. 2.b) cc), JdT 1982 I 236.
(25) En materia civil y penal el distrito de la Sarine ha sido considerado de jurisprudencia constante
como francófono así como la ciudad de Friburgo, cabeza de partido del distrito de la Sarine y capital del
cantón bilingüe de Friburgo (cf. ATF 106/1980 Ia 299 BRUNNER ya citado; Extractos 1943 pág. 196; 1958
pág. 143 que contiene un análisis detallado sobre la cuestión; 1963 pág. 56; RFJ 1992 pág. 258; 1994 pág.
324 y muy recientemente sentencia de 14 de julio de 1999 de la Cámara de Registro Mercantil del Tribunal
Cantonal del Estado de Friburgo en la causa F.N. AG c/Registro Mercantil del distrito de la Sarine), mientras
que en materia administrativa (cf. RFJ 1993, pág. 208) la ciudad y el municipio de Friburgo se consideran
bilingüe (francés/alemán).
(26) ATF 121/1995 I 196 NOTH, consid. 3.c), JdT 1996 I pág. 142.
(27) Y en consecuencia, el derecho a tener un procedimiento administrativo en esta lengua.
(28) Sentencia no publicada de 22 de enero de 1997 (2P. 211/1996) Cressier ya citada en nota 20.
(29) Cf. Mensaje del Consejo Federal relativo a la revisión del artículo constitucional sobre lenguas (art.
116 Cst.) de 4 de marzo de 1991, FF 1991 II 301.
(30) Art. 37.3 OJF; ATF n. p. del 22 de agosto de 1995 (1 P. 441/1995) en la causa M. H., J. H. c/
Tribunal Cantonal del cantón de Vaud; 124/1998 III 205 consid. 2.
(31) ATF 122/1996 I 93, JdT 1998 I 241, SJ 1996 pág. 563. En realidad, esta sentencia se ha publicado
en el compendio oficial en romanche y en traducción alemana.
(32) Observemos, para ser completo, que los Tribunales jurados federales (tres jueces federales de la
Sala de los penal asistidos por un jurado de 12 personas, que se reúnen en particular en caso de alta trai ción hacia la Confederación (art. 112 Cst. fed. 1874) y que han funcionado únicamente en el siglo XX (en
1927 y en 1933) mantienen sus debates en la lengua de los jurados (arts. 97.1 y 3 PPF).
(33) SJ 1998 P. 311, BISchK 19989 pág. 37; ATF 83/1957 III 56, 108/19882 V 208 en particular.
(34) El art. 3 de la Constitución Federal de 1874 prevé que los cantones son soberanos siempre que su
soberanía no esté limitada por la Constitución Federal. En otras palabras, según esta disposición, en mate ria lingüística, los cantones son competentes en la medida que la Constitución federal no atribuye esta
competencia a la Confederación; cf. Michel ROSSINELLI, "Le droit des langues en Suisse", en Les minorités
en Europe, París, 1992, pág. 175.
(35) Cf. en particular ATF 122/1996 I 236 consid. 2h y las referencias citadas, JdT 1998 I 66;
POUDRET, Comentario a la ley federal de organización judicial de 16 de diciembre de 1943, Berna 1990, ad
art. 30 n. 1.2.2. que reserva los casos en los cuales una convención internacional regula la cuestión lingüís -
- 20 -
tica; cf. asimismo ATF 109/1983 V 224.
(36) Diecisiete cantones tiene como lengua oficial el alemán, cuatro el francés, uno el italiano.
(37) Cf. en particular Joseph VOYAME, "La situation en Suisse", en Autorités locales, intégrités territo riales et protection de minorités, Zurich, 1996, pág. 269.
(38) Cf. asimismo art. 1.2 OJF; G. MALINVERNI, "La protection del minorités en Suisse", en Minorités
et organisation de l’Etat, Bruselas, 1998, pág. 362.
(39) Joseph VOYAME, "La situation en Suisse", op. cit., pág. 269; POUDRET, op. cit., ad art. 1 n. 2.
(40) Art. 107.1 Cst. fed. 1874; 118.1 Cst. fed. 1999.
(41) W. HALLER, op. cit., ad. art. 107 n. 13.
(42) W. BURKHARDT, Kommentar der Schweizerischen Bundesverfassung, 3.º edición, Berna, 1931,
pág. 750.
(43) En este sentido, W. HALLER, op. cit., ad art. 107 n. 16.
(44) El art. 1.2 número 2 PPF precisa expresamente que la Sala de lo penal se compone de tres
jueces, y que las tres lenguas oficiales deben estar representadas (el Tribunal federal dispone, en materia
penal, de una Sala de lo penal, un Tribunal penal federal, una Sala de acusación, un Tribunal de casación y
un Tribunal de casación extraordinario, art. 2 PPF).
(45) Los gastos otorgados para traducciones de una lengua o producidos por una lengua que figure
entre las lenguas nacionales corren por cuenta del Estado y no de las partes (art. 153.2 OJ a contrario; cf.
POUDRET, op. cit., ad art. 30 n. 1.2.1.
(46) Agradezco al Juez federal Gilbert KOLLY por su información.
(47) Art. 9 del Código de enjuiciamiento civil (a continuación: CPC) de Ginebra de 10 de abril de 1987;
art. 89 CPC de Vaud de 14 de diciembre de 1966; art. 3 de la Constitución de la República y cantón del
Jura de 20 de marzo de 1977, art. 120 CPC del Jura de 9 de noviembre de 1978 y art. 65 del Código de
Enjuiciamiento penal del Jura de 13 de diciembre de 1990; art. 117.1 CPC de Ticino de 17 de febrero de
1971; art. 130 de la Gerichtverfassungsgesetzt del cantón de Zurich de 13 de junio de 1976; art. 72.1 CPC
de Lucerna de 27 de junio de 1994.
(48) El cantón de Berna cuenta con 12.700 hablantes de lengua española (cf. W. KAELIN/U. BOLZ,
Manuel de droit constitutionnel bernois, Berna, 1995, pág. 249 ad. art. 6).
(49) Estos distritos constituyen el Jura bernés (art. 5.1).
(50) Cf. W. KAELIN/U. BOLZ, op. cit., pág. 480 ad art. 85.
(51) Quisiera agradecer al Presidente del Tribunal Supremo Hofer por su información.
(52) Cf. art. 5 del reglamento de organización del Tribunal Supremo del cantón de Berna de 9 de
diciembre de 1966, RSB 162.11 que será modificado próximamente.
(53) Cf. art. 6 Cst. cant.; art. 121 CPC; art. 2 y 3 de la ordenanza de 18 de octubre de 1995 sobre el
uso de las lenguas en la administración de justicia y de tribunales del distrito de Bienne.
(54) Cf. art. 6.2.letra b Cst. cant., art. 2.4 LOJ y la ordenanza sobre el uso de las lenguas en la admi nistración de la justicia y de los tribunales del distrito de Bienne, RSB 152.381; cf. asimismo sobre este
tema: Alexandre PAPAUX, "La langue judiciaire en procédure civile fribourgeoise", RFJ 1999, págs. 1 y ss.
que trata del sistema bienés en las págs. 15 y ss. n.° 2.2.3.1.; cf. asimismo del mismo autor. "La lang ue
judiciaire du prévenu", JdT 1996 I 16, en particular págs. 24 y ss.
(55) Por referencia al art. 52 de la Constitución cantonal de 8 de marzo de 1907, se admite que el Alto
Valais es germanófono y el resto del cantón es francófono. Esta disposición prevé la representación de
ciertos distritos del cantón en del Consejo de Estado (Gobierno cantonal).
(56) Este análisis que compartimos es de Ernest WEIBEL, en "La Suisse, les institutions et la diversité
culturells", n.° 43 de la revista Pouvoirs, 1987, pág. 26.
(57) Esta igualdad está expresamente prevista para los dos secretarios del Parlamento cantonal, uno
- 21 -
debe ser de lengua francesa y el otro de lengua alemana, cf. art. 45 Cst. ct.
(58) Quisiera agradecer al Presidente del Tribunal cantonal Erwin LEIGGENER por sus precisiones.
(59) Actualmente, hay dos jueces de lengua alemana, dos jueces perfectamente bilingües y siete
jueces francófonos.
(60) Sentencia no publicada del Tribunal Federal de 6 de octubre de 1987, págs. 12-13; cf. asimismo
sobre este asunto ULI WINDISCH, "Les relations quotidiennes entre romands et suisses allemands", T. II,
Lausana, 1992, págs. 52-53.
(61) François DESSEMONTET, Le droit suisse des langues, Québec, 1984, pág. 120 y las referencias
citadas.
(62) El Tribunal francófono del distrito de Sierre desarrolla, excepcionalmente, juicios en alemán.
(63) Art. 4. cap. 1 y 2 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Valais de 22 de febrero de 1962.
(64) Para mayor información sobre la compleja situación lingüística de los Grisones, cf. es particular:
Jean-Jacque FÜRRER, Le romanche en péril? Evolution et perspectives, Oficina Federal de Estadística,
Berna 1996; Chasper PULT, "La situation lingüístique du rhéto-romanche et du rumantsch grisum", en Ma jorités et minorités linguistique en Suisse, Ginebra, 1988, pág. 134.
(65) Cf. Rudolf VILETTA, Gundlagen des Sprachenrechts, Zurich, 1978, pág. 146.
(66) Floran LUTZ, "Les dialectes", "Roman", "romanche", "rhéto-roman" y "ladin", en La Suisse aux
quatre langues, op. cit., pág. 221.
(67) Cf. Rudolf VILETTA, op. cit., nota 65 y sobre este problema, cf. en particular Iso CAMARTIN, Rien
que des mots, Plaidoyer pour les langues mineures, Ginebra, 1985, pág. 95; François DESSEMONTET, Le
Droit des langues en Suisse, op. cit., págs. 126 y ss.; Jean-Jacques FÜRER, "Le plurilinguisme de la Suisse:
un modèle?" en Les minorités en Europe, París, 1992, págs. 200 y ss.
(68) Cf. "Mensaje del Consejo Federal de 25 de noviembre de 1996 relativo a la Carta Europea de
Lenguas Regionales o Minoritarias", en FF 1997, I, págs. 1.105 y ss.
(69) Agradezco al Presidente del Tribunal cantonal Alex SCHMID esta información.
(70) E. THILO, "Nota sobre la igualdad y el uso de lenguas nacionales en Suiza", JdT 1941 I pág. 260.
El acusado de lengua materna italiana puede, no obstante, obtener una sentencia en italiano.
(71) W. PADRUTT, "Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubunden", Chur, 1986 ad
art. 87 pág. 195.
(72) Cf. Alexandre PAPAUX, "La lengua judicial en el Derecho suizo", op. cit., págs. 86 ss.
(73) Sobre este problema, cf. en particular Uli WINDISCH, "Les relations quotidiennes entre Romands
et Suisses allemands", op. cit., tomo I, Lausana, 1992, págs. 35-138 y Ernest WEIBEL, "Les cantons bilin gues en Suisse", en Langue et droit, Montreal, 1989, págs. 359 y ss.
(74) ATF 121/1995 i 196, Consid. 2c / JdT 1996 I 139.
(75) El conocimiento de las lenguas francesa y alemana no se exige a todos los jueces cantonales
desde 1848. Según la Constitución de 1814, era preciso "conocer las lenguas alemana y francesa" para
entrar en el Pequeño Consejo (y por tanto en el Tribunal cantonal). La Constitución de 1831 establecía que
los ocho primeros jueces de apelación nombrados debían conocer el alemán y el francés, y que este cono cimiento, verificado mediante un examen sería exigido a todos los jueces y suplentes de Tribunal de Apela ción a partir del 1 de enero de 1840. El examen tenía lugar ante una Comisión del Gran Consejo (Parla mento cantonal) al día siguiente de la elección y consistía en la traducción de una parte del procedimiento y
de alguna actas judiciales. Esta exigencia fue abandonada por la Constitución de 1848, temiendo los dipu tados de la mayoría que el acceso al Tribunal cantonal fuera imposible para eminentes juristas. Además se
constató que las exigencias establecidas en 1831 no sirvieron sino para suscitar certificados de reconoci miento. Los diputados estimaron además que no había inconvenientes para realizar todos los procesos en
francés. Cf. Gilbert KOLLY, "La Constitutin du Tribunal cantonal Friburgeois il ya 150 ans", RFJ 1998, pág.
- 22 -
29.
(76) Para el Tribunal administrativo (siete jueces igualmente), el art. 6.3 de la ley de organización del
Tribunal administrativo de 24 de abril de 1990 prevé simplemente que: "Las dos lenguas oficiales están
equitativamente representadas entre los miembros del Tribunal".
(77) Art. 10.3 del Código de Enjuiciamiento Civil de Friburgo de 28 de abril de 1953; art. 45.3 del
Código de Enjuiciamiento Criminal de Friburgo de 14 de noviembre de 1996.
(78) Se trata principalmente de asuntos de naturaleza pecuniaria referentes al derecho de marcas, de
patentes y de derecho de autor; cf. art. 149.2,3,4 y 5 LOJ.
(79) En una sentencia de 1991, el Tribunal de Casación penal del Tribunal cantonal friburgués precisa
que la lengua del Tribunal de la Singine era el alemán escrito (Schriffsprache) y que el uso del dialecto por
una parte sólo era posible si ésta no podía expresarse en alemán estándar o si las partes comprendían el
dialecto; cf. Extractos 1991, pág. 42.
(80) Art. 45.1 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 14 de noviembre de 1996 (en adelante: CCP).
(81) Art. 19.2 del Código de Enjuiciamiento Civil de 28 de abril de 1953 (en adelante: CPC).
(82) Art. 45.1. letra c. CPP.
(83) Sobre la lengua judicial en materia civil en el departamento bilingüe de Lac y las derogaciones
legales relativa a los departamentos francófonos de Gruyère y de Sarine, cf. Alexandre PAPAUX, "La
langue judiciaire en el procedimiento civil friburgués", RFJ 1999 págs. 1 y ss.; en procedimiento penal cf.
Art. 46 CPP con el siguiente contenido: "1. En el distrito de la Sarine, el encausado germanófono puede
exigir el uso del alemán como lengua de procedimiento si es el único implicado, o si las otras partes son
también de lengua de lengua alemana o si lo aceptan. Para la sentencia de estos asuntos, el Tribunal del
departamento de la Sarine constituye una sección de lengua alemana. 2. En el departamento de Gruyère,
el encausado germanófono domiciliado en jaun (698 habitantes) puede elegir entre el alemán y el francés
como lengua de procedimiento".
(84) Herbert LÜTHY: Politische Probleme der Mehrsprachigkeit in der Schweiz, Cívitas, vol. 22,
Septiembre de 1966, pág. 41.
(85) François DESSEMONTER, "Les langues et la Loi en Suisse", en Universités, vol. 15, mayo 1994,
pág. 31.
I. Généralités (1)
1. Diversité linguistique de la Suisse
Une des caractéristiques bien connue de la Suisse est sa diversité linguistique.
L’art. 4 de la Constitution fédérale adoptée le 18 avril 1999, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2000,
reconnaît quatre langues nationales, soit l’allemand, le français, l’italien et le romanche (2). L’art. 70 al. 1
précise que les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Quant au
romanche -parlé par 0,7 % des Suisses et 0,6 % de la population résidante (3)- il est aussi langue officielle
pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche (4).
Aux langues nationales ou officielles, il convient d’ajouter les idiomes locaux, qui, s’ils ont presque
entièrement disparu de la Suisse francophone (5) et régressent dans la Suisse italophone (6), sont emplo yés dans toute la vie sociale de la Suisse germanophone. Ainsi, sur les 73,4 % de Suisses germanophones
- 23 -
(7) une majorité d’entre eux ne considère pas l’allemand comme leur langue maternelle.
Notons également que 8,9 % de la population résidante (8) parle une autre langue qu’une des langues
nationales (9).
Enfin, en dépit du quadrilinguisme officiel et de la cohabitation d’un nombre important de langues et de
dialectes sur le territoire suisse, il faut cependant constater que la très grande majorité des Suisses ne
maîtrise qu’une seule langue (10).
2. Organisation judiciaire en matière civile et pénale
En raison de son histoire et de sa diversité, la Suisse ne pouvait être qu’un Etat fédéral. Ainsi, notre
pays est composé de vingt-six entités politiques, appelées cantons (vingt cantons et six demi-cantons).
Chaque canton possède sa propre organisation judiciaire, sa propre procédure et sa propre administration
de la justice (11).
La Constitution fédérale institue cependant une juridiction fédérale unique -autorité judiciaire suprême
de la Confédération selon l’art. 188 al. 1 de la Constitution de 1999- le Tribunal fédéral, qui est chargé de
juger certaines causes de droit civil et de droit pénal soit directement, soit sur recours (12). La loi fédérale
règle l’organisation de la juridiction suprême du pays et la procédure applicable devant elle. Il en va de
même du Ministère public de la Confédération qui soutient l’accusation dans certains domaines.
L’organisation judiciaire cantonale comprend en général deux tribunaux ordinaires, un de première
instance et un tribunal supérieur qui est appelé Tribunal cantonal, Cour de justice, ou Cour suprême suivant
les cantons. Les décisions des tribunaux cantonaux en particulier celles des tribunaux supérieurs des
cantons peuvent être déférées au Tribunal fédéral, dont le siège est à Lausanne.
3. Le principe territorial
L’intervention juridique en matière de langue de la procédure n’est pas nouvelle l’ordonnance de
Villers-Coterrêts signée en 1539 par François Ier en est l’exemple le plus connu (13). L’Etat se doit en effet
de régler les problèmes liés à la présence de plus d’une langue ou de plus d’une variété linguistique de la
même langue sur le même territoire. Cette nécessité s’impose d’autant plus lorsqu’il existe une concurrence
linguistique pouvant créer des tensions de nature à engendrer d’autres conflits (ethniques, économiques,
religieux, culturels ou politiques) (14).
En Suisse (15), comme en Belgique (16) ou en Espagne (17), les langues officielles pour l’ensemble du
pays sont définies, mais l’usage de chacune ou de certaines d’entre elles est restreint à une portion du
territoire national en application du principe de la territorialité. Selon ce principe "les limites traditionnelles
des régions linguistiques et les îlots linguistiques doivent, dans l’intérêt de la paix en matière de langue, ne
pas être déplacées ou tout le moins pas sciemment" (18). Son but est de stabiliser les frontières linguisti ques et d’assurer une homogénéité aussi grande que possible dans la composition linguistique de la popu lation. Ce principe s’oppose à celui de la personnalité selon lequel le choix de la langue relève des droits
personnels de l’individu indépendamment de l’endroit où il se trouve (19). En fait, dans les rapports avec les
autorités étatiques (administratives, judiciaires ou scolaires) cette liberté du choix de la langue est restreinte
par les dispositions constitutionnelles qui déterminent la ou les langues qui sont reconnues en tant que
langues officielles. Les critères classiques de détermination de la ou des langues officielles sont l’importance
de la représentation d’un groupe linguistique dans la population (critère numérique), l’histoire linguistique du
territoire concerné, la stabilité de la population linguistique aspirant à l’officialisation de sa langue, la conti guïté avec d’autres territoires linguistiques de même idiome et enfin l’existence d’un consensus social expli -
- 24 -
cite ou tacite à la reconnaissance d’une langue déterminée comme langue officielle (20).
4. La jurisprudence du Tribunal fédéral
En matière judiciaire, le Tribunal fédéral a considéré qu’avec un pourcentage de 26% (23 % par rapport
à l’ensemble de la population résidante) selon les chiffres tirés de l’Annuaire statistique du canton de
Fribourg 1976, la minorité germanophone du district fribourgeois de la Sarine -qui ne constitue par ailleurs
la majorité dans aucune des communes du district- ne pouvait prétendre avoir une procédure civile dans sa
langue devant le tribunal de l’arrondissement francophone de la Sarine (21). Dans cet arrêt, les juges se
sont notamment référés à un avis de l’Office de la législation fribourgeois du 16 octobre 1973 selon lequel la
langue de la minorité est reconnue comme seconde langue officielle dès que cette minorité atteint 30% à
33% de la population résidante d’une région. Ce pourcentage de 30% existe également dans la législation
er
fédérale sur la circulation routière. En effet, l’art. 49 al.1 de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR)
du 5 septembre 1979 prévoit qu’ "en ce qui concerne les communes où l’on parle deux langues, il faut choi sir la langue parlée par la majorité des habitants. Si le nom d’une localité est écrit différemment dans deux
langues, l’avers du panneau de la localité portera les deux orthographes, dans la mesure où la minorité
linguistique représente au moins 30% des habitants".
Après avoir considéré que l’obligation de rédiger une demande en justice dans une langue différente de
la sienne ne constituait manifestement pas une atteinte grave et durable à la liberté de la langue, le Tribunal
fédéral dans un arrêt concernant le canton des Grisons a estimé qu’il fallait se baser sur la ou les langues
de tout le territoire sur lequel s’exerce une juridiction et non la langue de la commune d’une partie pour
déterminer la langue de la procédure (22). En l’occurrence, il a été admis dans un obiter dictum que l’exclu sion du romanche comme langue de la procédure dans un district où cette langue est employée par 40 à 50
% de la population, mais répartie inégalement parmi les différentes communes, n’est pas compatible avec la
liberté de la langue. En l’occurrence, le romanche devait être reconnu comme une des langues officielles
(23).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que ses décisions en matière de langues ne
sont pas transposables d’un domaine à un autre "S’il peut se justifier, au vu de ces considérations, de ne
reconnaître qu’une langue du procès, cela ne signifie pas en revanche que la désignation de la langue de la
majorité comme unique langue de l’enseignement dans les écoles publiques serait compatible avec le droit
fondamental de la liberté de la langue" (24). De même, dans un arrêt récent concernant la langue de la
procédure pénale dans le district de la Sarine (canton de Fribourg) "En l’espèce, seule est en cause la
procédure pénale et il y a lieu d’examiner si la décision attaquée est conforme au droit constitutionnel de la
Confédération et du canton. En revanche, il n’y a pas à se prononcer sur les régimes et la pratique (25)
concernant la procédure civile et la procédure administrative. L’issue du présent recours ne saurait d’ailleurs
pas plus être transposée en ces domaines qu’en d’autres tels que, par exemple, les écoles, les inscriptions
dans les registres publics, les explications de vote" (26). Enfin l’appréciation sur la langue officielle sera
différente s’il s’agit d’une petite ou d’une grande entité. Ainsi, le seuil déterminant de 35% fixé par le Tribu nal administratif fribourgeois pour reconnaître comme officielle la langue d’une minorité d’une commune de
moins de 1’000 habitants (27) n’a pas été estimé arbitraire par les juges fédéraux (28).
II. Dispositions linguistiques de la Constitution fédérale
- 25 -
La Constitution fédérale du 29 mai 1874 (ci-après: Cst. féd. 1874), actuellement encore en vigueur, ne
contient que deux dispositions relatives à la langue.
La plus importante est l’art. 116, qui a été modifié par votation populaire du 10 mars 1996 (29) et qui a
la teneur suivante:
«1. La liberté de la langue est garantie.
2. Les langues nationales de la Suisse sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.
3. La Confédération et les cantons veillent à sauvegarder et à promouvoir les quatre langues nationales
dans leurs territoires de diffusion. Les cantons prennent des mesures particulières afin de protéger les
langues nationales qui sont menacées dans un territoire donné; la Confédération leur accorde un soutient à
cet effet.
4. La Confédération et les cantons encouragent la compréhension entre les communautés linguistiques
et la présence des quatre langues nationales dans l’ensemble de la Suisse.
5. Les langues officielles de la Suisse sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est la langue
officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les citoyennes et les citoyens romanches et
avec les institutions romanches. Les modalités sont réglées par la loi.»
L’autre disposition est l’art. 107 al. 1 qui prévoit que:
«Les membres et les suppléants du Tribunal fédéral sont nommés par l’Assemblée fédérale, qui aura
égard à ce que les trois langues officielles de la Confédération y soient représentées.»
Le 18 avril 1999, le peuple suisse a adopté une nouvelle constitution fédérale qui entrera en vigueur le
er
1 janvier 2000 (ci-après: Cst. féd. 1999). Du point de vue de la langue, cette constitution n’apporte pas de
changement particulier par rapport à la Constitution de 1874, si ce n’est qu’elle mentionne expressément
des droits et des principes qui étaient déjà reconnus par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence.
L’art. 4 prévoit que:
«Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.»
L’art. 8 exclut toute discrimination du fait notamment de la langue.
L’art. 18 garantit la liberté de la langue.
Quant à l’art. 70, qui est la disposition centrale en la matière, il a la teneur suivante:
«1. Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est
aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue
romanche.
2. Les cantons déterminent les langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés
linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les
minorités linguistiques autochtones.
3. La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les commu nautés linguistiques.
- 26 -
4. La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières.
5. La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauve garder et promouvoir le romanche et l’italien.»
Enfin, l’art. 188, qui reprend l’art. 107 al. 1 de la Constitution de 1874, prévoit que "lors de l’élection des
juges du Tribunal fédéral, l’Assemblée fédérale veille à ce que les langues officielles soient représentées".
III. La langue judiciaire
1. La langue judiciaire du Tribunal fédéral
Selon l’art. 30 al. 1 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJF) tous
les mémoires destinés au Tribunal fédéral doivent être rédigés dans une langue nationale. Les arrêts du
Tribunal fédéral sont rédigés dans une langue officielle, en règle générale dans langue de la décision atta quée. Si les parties parlent une autre langue officielle, le Tribunal fédéral peut rendre son arrêt dans cette
langue (30). Dans les procès directs, c’est-à-dire lorsque le Tribunal fédéral statue en instance unique, l’art.
37 al. 3 OJF mentionne simplement qu’il "sera tenu compte de la langue des parties".
Suite à l’adoption le 10 mars 1996 du nouvel article 116 de la Constitution de 1874, le romanche est
devenu langue officielle de la Confédération pour les rapports qu’elle entretient avec les personnes parlant
cette langue. Le 6 juin 1996, se basant sur cette révision constitutionnelle, le Tribunal fédéral a rendu son
premier arrêt en romanche (31).
Quant à la procédure devant la Cour pénale fédérale, dont les compétences sont limitées, elle se
déroule dans la langue de l’accusé si celui-ci parle une des langues officielles (art. 10 et 97 de la loi fédérale
du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [ci-après: PPF]) (32). S’il y a plusieurs accusés ou dans les cas
er
douteux, le président décide (art. 97 al. 1 in fine PPF). Le procureur peut s’exprimer dans la langue officie lle de son choix (art. 97 PPF) sans être lié par celle du prévenu, ce qui est à notre avis contestable.
2. La langue judiciaire des autorités judiciaires cantonales
Les cantons sont en droit d’exiger devant leurs tribunaux l’usage exclusif d’une langue officielle ou de
plusieurs qu’ils déterminent souverainement (33). En effet, selon l’art. 70 al. 2 de la Constitution fédérale de
1999 (34), la réglementation de l’usage de la langue dans les rapports avec les autorités et institutions
cantonales est de la compétence primaire des cantons (35).
La très grande majorité des cantons n’a qu’une langue officielle (36). Trois sont bilingues: Berne (alle mand-français), Valais (français-allemand) et Fribourg (français-allemand). Un est trilingue: Les Grisons
(allemand, italien et romanche) (37).
IV. La langues des juges
1. Autorités judiciaires fédérales
A) Le Tribunal fédéral
- 27 -
Ni la Constitution fédérale, ni une éventuelle loi ne précisent comment doit s’aménager la répartition
linguistique prévue aux art. 107 al. 1 Cst. féd. 1874 et 118 al. 4 Cst. féd. 1999 (38). En fait, dans le choix
des juges fédéraux, qui sont élus pour une période renouvelable de six ans (art. 5 OJF), le Parlement veille
à ce que toutes les régions, les quatre langues, les partis politiques les plus importants et les principales
confessions soient représentés équitablement, c’est-à-dire proportionnellement à leur importance (39).
Tout citoyen suisse éligible au Conseil national (la Chambre du peuple, l’Assemblée nationale en France
ou les Cortes en Espagne) peut être élu juge fédéral ou juge fédéral suppléant. Autrement dit, tous les
Suisses et toutes les Suissesses sont éligibles s’ils sont âgés de 18 ans révolus et ne sont pas interdits pour
cause de maladie mentale et de faiblesse d’esprit. Il n’est pas nécessaire d’être domicilié en Suisse au
moment de son élection, ni d’avoir une formation juridique. En réalité, tous les juges fédéraux ont une telle
formation, sont d’anciens avocats, professeurs d’université ou juges cantonaux, beaucoup sont docteurs en
droit et tous ont une longue expérience professionnelle. Par contre, contrairement à la France par exemple,
les magistrats ne sortent pas d’une école spécialisée.
Les candidats au poste de juge fédéral sont présentés à l’organe d’élection -l’Assemblée fédérale qui
réunit le Conseil national et le Conseil des Etats (appelé Sénat en France et en Espagne) (40)- par les partis
politiques qui les sélectionnent en tenant compte des critères susmentionnés, notamment celui de la langue
et de leurs qualifications professionnelles. Ainsi, la responsabilité d’assurer une représentation équitable des
quatre communautés linguistiques du pays au Tribunal fédéral et d’examiner notamment l’appartenance et
les connaissances linguistiques effectives des juges incombe aux partis politiques dont le choix des candi dats proposés est, en principe, entériné par l’Assemblée fédérale. Certes, il est admis que le critère linguiste
n’est pas une condition d’éligibilité mais une simple prescription d’ordre, une directive politique non
contraignante tendant à la représentation équitable des langues officielles au sein de la Cour suprême du
pays (41). Il n’en demeure pas moins que cette répartition a été jusqu’à ce jour respectée.
Selon certains auteurs, une langue est "représentée" au Tribunal fédéral si un membre la comprend et
la parle aussi bien que sa propre langue maternelle (42). Cette conception ne tient pas compte du fait qu’il
importe, dans un Etat fédéral plurilingue, que les minorités linguistiques du pays soient représentées (43) et
ce d’autant plus que la Constitution fédérale de 1999 reconnaît expressément l’existence de "communautés
linguistiques" en Suisse et non seulement quatre langues (art. 70 al. 2 et 3).
Récemment, cette question de la représentation d’une communauté linguistique s’est posée avec l’élec tion en 1998 d’un juge cantonal fribourgeois parfaitement bilingue au Tribunal fédéral en remplacement d’un
juge francophone du même canton. L’élection du nouveau juge, qui avait suivi toute sa formation juridique
en allemand et qui, jusqu’à son élection, avait fonctionné comme juge alémanique tant en première instance
qu’au Tribunal cantonal de Fribourg, a été contestée par la communauté francophone.
Pour l’année 1999, sur les trente juges du Tribunal fédéral, dix-huit sont de langue allemande, neuf de
langue française, deux de langue italienne et un de langue romanche. Les minorités y sont donc bien
représentées y compris dans chaque cour du Tribunal fédéral (44).
L’art. 4 al. 1 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 précise que le juge et
les parties doivent se servir de l’une des langues nationales de la Confédération. Il n’en demeure pas moins
que l’on attend des juges fédéraux, et dans une moindre mesure, des greffiers, secrétaires et collaborateurs
personnels, qu’ils soient en mesure de comprendre l’allemand, le français et l’italien.
L’usage veut qu’un juge qui instruit une affaire dans une autre langue que la sienne se fasse accom pagner d’un collègue de cette langue pour l’audition des témoins. En outre, les rapports et les délibérations
-qui sont en principe publiques- se font dans la langue de chacun des juges, les Tessinois se servant d’or dinaire du français, voire de l’allemand, et le juge romanche de l’allemand. Dans la mesure du possible, les
dossiers sont répartis entre les juges selon leur langue maternelle, les juges francophones n’ayant, en règle
générale, que des dossiers de langue française. Les actes judiciaires et les pièces rédigés dans une langue
- 28 -
officielle ne sont en principe pas traduits (45).
En 1998, des dossiers qui ont été traités par le Tribunal fédéral, toutes cours confondues, 58,8% l’ont
été en allemand, 31,8% en français et 9,5% en italien, ce qui correspond grosso modo à la répartition
linguistique du pays (46).
B) Le Ministère public de la Confédération
Le Procureur général de la Confédération est sous la surveillance et la direction du gouvernement (le
Conseil fédéral, art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, ci-après: PPF). Dans
les cas prévus par la loi, il dirige les recherches de la police judiciaire, soutient l’accusation devant les
tribunaux de la Confédération et dans les causes instruites en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal
administratif du 22 mars 1974, il peut intervenir devant les tribunaux cantonaux (art. 15 PPF). Le Conseil
fédéral désigne un représentant permanent du Procureur général pour chaque région linguistique; le
Procureur général peut charger ce représentant de le remplacer aux débats ou déjà dans l’instruction
préparatoire (art. 16 al. 2 PPF).
La loi ne prévoit aucune exigence linguistique pour occuper ce poste. En fait, le Procureur de la Confé dération doit connaître l’allemand, le français et, si possible, l’italien.
2. Autorités judiciaires cantonales
A) Les autorités judiciaires des cantons unilingues
En application du principe territorial, toutes les procédures se déroulent dans la langue judiciaire du
canton. Ainsi, par exemple, dans les cantons de Genève, Vaud et Jura, toutes les procédures se déroulent
uniquement en français, au Tessin l’italien est la langue exclusive des tribunaux et les tribunaux zurichois et
lucernois ne procèdent qu’en allemand (47).
Les juges ne sont tenus, selon une règle tacite, que de connaître la langue de l’autorité judiciaire à
laquelle ils sont rattachés.
B) Les autorités judiciaires des cantons plurilingues
a) Les autorités judiciaires du canton de Berne
a’) Situation linguistique du canton
Le canton de Berne, qui compte 958’192 habitants selon le dernier recensement fédéral de la popula tion de 1990, est essentiellement composé de deux communautés linguistique, l’une de langue allemande
qui forme la grande majorité (83,7% de la population cantonale), et l’autre francophone (7,8%, soit 74’400
habitants) (48) qui est principalement concentrée dans le Jura bernois et dans le district bilingue de Bienne.
b’) Dispositions linguistiques de la Constitution cantonale bernaise
La récente Constitution bernoise qui a été adoptée par votation populaire du 6 juin 1993 et qui est
er
entrée en vigueur le 1 janvier 1995, contient plusieurs dispositions relatives à la langue.
Cette constitution se distingue en particulier des autres constitutions cantonales en ce sens qu’elle
mentionne expressément la protection des minorités à son article 4 dans les termes suivants:
- 29 -
«1. Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales.
2. A cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités.»
Ce principe général est développé et précisé à l’art. 5 qui reconnaît un statut particulier au Jura bernois.
Ce statut "doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle
et de participer activement à la vie politique cantonale" (art. 5 al. 1).
La disposition principale en matière de langue, qui consacre le bilinguisme du canton de Berne, est l’art.
6 qui dispose ce qui suit:
«1. Le français et l’allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.
2. Les langues officielles sont
a) le français dans le Jura bernois,
b) le français et l’allemand dans le district de Bienne,
c) l’allemand dans les autres districts.
3. Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère
bilingue du canton.
4. Toute personne peut s’adresser dans la langue de son choix aux autorités compétentes pour l’en semble du canton.» A l’instar de la Constitution fédérale et de divers textes internationaux (par exemple
l’art. 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, art. 2 et 26 du Pacte II de l’ONU), l’art. 10 al. 1
garantit l’égalité de droit et précise que "toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur,
du sexe, de la langue, de l’origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolu er
ment interdite". Quant à l’art. 15, il garantit comme les art. 116 al. 1 Cst. féd. 1874 et 18 Cst. féd. 1999, la
liberté de la langue, qui est restreinte dans les rapports avec les autorités aux langues officielles (art. 6 al. 2)
et par le principe de la territorialité.
Il convient de mentionner l’art. 84 al. 2 qui prévoit qu’un siège du Conseil exécutif (gouvernement
cantonal) est garanti au Jura bernois. Cette disposition précise qu’ "est éligible tout citoyen, toute citoyenne
de langue française qui réside dans le district de Courtelary, de Moutier ou de La Neuveville" (49). Est
considérée comme de langue française toute personne bilingue ou de langue maternelle française (50).
Quant à l’art. 92 consacré à l’administration centrale, il dispose à son troisième alinéa qu’ "une proportion
équitable du personnel doit être de langue française". Cet article concerne aussi l’administration judiciaire
cantonale.
c’) La Cour suprême (Tribunal cantonale)
Comme son nom l’indique, la Cour suprême est l’autorité judiciaire supérieure du canton en matière
civile et pénale (art. 98 al. 1 let. b et 99 al. 1 let. a Cst. ct). Elle est, selon la loi, composée de dix-huit
membres au moins, de vingt-trois membres au plus, ainsi que de treize à quinze membres suppléants (art.
6 de la loi sur l’organisation des juridictions civiles et pénales du 14 mars 1995, RSB 161.1, ci-après: LOJ).
Actuellement siègent vingt juges d’appel dont deux de langue française et dix-huit de langue allemande
(51).
Les exigences linguistiques auxquelles doivent répondre les candidats au poste de juge cantonal sont
mentionnées à l’art. 5 al. 3 LOJ qui dispose que
«Les membres et les membres suppléants de la Cour suprême doivent savoir les deux langues officie -
- 30 -
lles.»
Il en va de même des personnes faisant partie du Ministère public (art. 83 al. 2 LOJ).
La Cour d’appel est constituée de deux chambres civiles de langue allemande et d’une chambre bilin gue (français et allemand). Il y a en outre une section pénale, composée de deux chambres de langue
allemande et de deux chambres bilingues (français et allemand) (52).
Une affaire sera confiée à un juge instructeur ou à un rapporteur de langue maternelle française si la
langue judiciaire de première instance est le français (53), ou si les deux parties expriment le voeu que l’af faire soit traitée en langue française ou si encore l’une des parties désire une procédure en langue
française et l’autre, sur demande, y consent (art. 10 al. 1 du Règlement d’organisation de la Cour suprême
du canton de Berne, RSB 162.11, ci-après: Règlement).
Aux termes de l’art. 10 al. 2 Règlement: "Le dépôt d’un mémoire en langue française crée la présomp tion réfutable que la partie en question souhaite une procédure menée en langue française."
Il appartient au président de la chambre concernée, si l’affaire n’est pas encore attribuée, ou au juge
concerné si tel est le cas, de résoudre la question de la langue de la procédure au regard de l’art. 10 al. 1
Règlement. En cas de litige entre deux chambres, deux parties ou entre la chambre saisie et une partie
quant à l’existence d’une des conditions de l’art. 10 al. 1 Règlement, le président de la section tranche (art.
10 al. 4 Règlement).
Enfin, si la langue française joue un rôle important dans une procédure menée en langue allemande,
l’art. 10 al. 5 Règlement permet à un membre de la chambre de langue française de se mettre, sur
demande, à disposition de la chambre saisie. L’inverse est également valable.
Il n’y a qu’une seule autorité judiciaire de première instance bilingue: celle du district de Bienne qui
dispose d’une réglementation particulière (54).
En application du principe de la territorialité des langues, la langue judiciaire est celle du district auquel
est rattachée cette autorité judiciaire, soit en vertu de l’art. 6 al. 2 Cst. ct. et de l’art. 2 al. 3 LOJ le français
dans le Jura bernois et l’allemand dans les autres districts. Ainsi, onze arrondissements judiciaires sont de
langue allemande et ne sont composés que de juges de langue allemande. L’arrondissement bilingue de
Bienne-Nidau est composé de trois juges de langue française et de six juges de langue allemande, alors
que l’arrondissement de Courtelary-Moutier-La Neuveville ne compte que des juges francophones. Les
juges des arrondissements unilingues ne doivent connaître que la langue utilisée dans leur arrondissement.
b) Les autorités judiciaires du canton du Valais
Ce canton de 249’817 habitants est majoritairement francophone (59,7% de la population). La minorité
germanophone représente le 29,4 % de la population et occupe principalement le nord du canton, le
Haut-Valais.
L’unité géographique du Valais avec la vallée du rhône qui le traverse de part en part, son unité confes sionnelle (92,8 % de la population est catholique), un équilibre économique entre ses différentes régions,
une frontière linguistique stable et reconnue par les deux communautés linguistiques (55), ainsi qu’un
certain patriotisme rhodanien y ont développé un esprit de coexistence linguistique assez remarquable (56).
- 31 -
b’) Dispositions linguistiques de la Constitution cantonale valaisanne
Le canton du Valais a été le premier canton à reconnaître l’égalité entre l’allemand et le français dans sa
constitution de 1848.
L’art. 12 de la Constitution cantonale du 8 mars 1907 prescrit ce qui suit:
«1. La langue française et la langue allemande sont déclarées nationales.
2. L’égalité de traitement entre les deux langues doit être observée dans la législation et dans l’adminis tration (57).»
L’art. 62 al. 2 précise que les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues natio nales du canton, soit le français et l’allemand.
c’) Le Tribunal cantonal valaisan
L’art. 7 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire du 13 mai 1960 prévoit que le Tribunal cantonal est formé
de dix juges et de dix suppléants. Cependant le Grand Conseil (Parlement cantonal), qui est l’organe d’élec tion, peut, par voie de décret et si cela se révèle indispensable élever le nombre des juges principaux et
celui des suppléants à treize. Actuellement, il y a onze juges titulaires et dix juges suppléants (58). Trois
er
juges titulaires et trois juges suppléants au moins doivent être de langue maternelle allemande (art. 7 al. 1 ,
ème
3
phrase de la loi d’organisation judiciaire) (59). Si le nombre des juges est augmenté à treize, quatre
juges principaux au moins doivent être de langue allemande. Par contre, la loi ne prévoit pas d’exigence
linguistique pour occuper le poste de Procureur général.
Si le Tribunal cantonal est apte à faire face aux affaires tant de langue française que de langue alle mande, les connaissances linguistiques effectives des magistrats ne sont pas contrôlées, ce qui a donné
lieu il y a quelques années à une polémique.
En effet, en 1987, lors de l’élection d’un nouveau juge francophone, la minorité germanophone a estimé
que ce nouveau magistrat ne possédait pas de connaissances suffisantes en allemand et ne remplissait
donc pas les conditions de l’art. 62 al. 2 de la Constitution. La décision d’élection du Grand Conseil a fait
l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Celui-ci a rejeté le recours en relevant que si le constituant de 1907
avait voulu que les connaissances linguistiques des juges soient testées, il aurait expressément prévu cet
examen et une autorité cantonale pour y procéder. En cette absence, le Tribunal fédéral n’a pas à juger des
connaissances linguistiques du nouveau juge (60). Quoiqu’il en soit, tout plaideur germanophone peut
demander la récusation d’un juge s’il estime qu’il n’est pas apte à comprendre la cause.
L’art. 17 al. 3 du décret d’exécution de la loi d’organisation judiciaire du 13 mai 1960 prévoit qu’au
Tribunal cantonal, "les actes, décisions et jugements sont régis, en principe, dans la langue du tribunal (de
première instance) qui a instruit le procès." En cas de procès direct, c’est-à-dire lorsque le Tribunal cantonal
fonctionne comme autorité de première instance, la langue de la rédaction du jugement sera celle sur
laquelle les parties se seront entendues, à défaut celle de la défenderesse. Par contre, l’instruction peut être
suivie indifféremment en allemand ou en français (61).
L’art. 17 al. 4 du décret de 1960 prévoit encore que lorsque les circonstances le justifient, notamment
pour mieux sauvegarder le droit d’être entendu d’une partie, il peut être dérogé à ces règles. En outre,
lorsque l’Etat, des établissements ou des corporations qui en dépendent sont en justice contre une
personne privée, la langue maternelle de celle-ci prévaut, pour autant qu’elle soit une des langues officielles
- 32 -
du canton.
Dans la composition des cours du Tribunal cantonal, le choix des présidents et la désignation du juge
rapporteur, il est tenu compte de la langue de la procédure.
La procédure est en principe en français dans le Bas-Valais et le Valais central y compris pour la capi tale du canton Sion et en allemand dans le Haut-Valais.
Il n’y a pas de tribunaux bilingues (62). Cependant, conformément à l’art. 385 du code de procédure
civile valaisan du 22 novembre 1919, "pour les actes de la procédure et dans les débats oraux, chacune
des parties peut, à son choix, se servir de l’une des deux langues nationales usitées dans le canton" sauf
devant les juges des communes où la langue est celle du ressort. Il en est de même en procédure pénale,
sauf dans les procédures devant les tribunaux de police où la langue du siège prévaut, soit la langue alle mande dans le Haut-Valais et la langue française dans la partie romande du canton (63). Cela implique que
les juges de première instance devraient savoir le français et allemand, ce qui n’est pas toujours le cas. Il
est vrai que la loi ne prévoit pas d’exigence linguistique pour occuper un tel poste judiciaire.
c) Les autorités judiciaires du canton des Grisons
Le plus grand canton de Suisse de par sa superficie constitue une étonnante mosaïque linguistique.
En 1990, la population résidante comptait 65,3% de germanophones, 11% d’italophones, 17,1% de
romanches et 6,6% de personnes parlant une autre langue. Aux côtés de la majorité germanophone
(113’611 locuteurs sur les 173’890 habitants du canton), la communauté de langue italienne (19’190 locu teurs) occupe principalement quatre des cinq vallées méridionales du canton (Calanca, Mesolcina, Brega glia et Poschiavo) composées de vingt-quatre communes (sur les deux cent treize communes du canton).
Quant à l’aire linguistique traditionnelle romanche (29’679 locuteurs sont de langue romanche), elle couvre
cent vingt et une communes. Cependant, cette aire n’a pas d’unité géographique, ni, paradoxalement,
linguistique. En effet, les Romanches sont concentrés dans trois zones distinctes: l’Engadine, le centre des
Grisons et le "Surleva"). La communauté romanche est en outre fragmentée en cinq idiomes étroitement
apparentés (le sursilvan, le sutsilvan, le surmiran, le puter et le vallader, ces deux derniers idiomes formant
le ladin). En 1992, un événement d’importance capitale pour l’avenir des Romanches a été la création du
"rumantsch grischun", langue de compromis reposant essentiellement sur les trois piliers que sont les
idiomes les plus résistants: le sursilvan (17’000 locuteurs), le ladin (9’000 locuteurs) et le surmiran (3’000
locuteurs) (64).
b’) Disposition linguistique de la Constitution cantonale grisonne
La Constitution cantonale du 2 octobre 1892, sans les nommer expressément, se contente d’affirmer en
son art. 46:
«Les trois langues du canton sont garanties comme langues nationales.»
- 33 -
La Constitution garantit donc l’allemand, le romanche et l’italien comme "langues nationales" (Lan dessprache, lengua del paese), termes qu’il faut comprendre dans le sens de "langues nationales et officie lles" (65). Ainsi, le canton des Grisons est le seul canton officiellement trilingue de la Suisse.
En réalité, les trois langues officielles des Grisons ne sont pas placées sur un pied d’égalité, l’allemand
étant la langue principale. Tout Romanche ou Grison de langue italienne parle cette langue ou plus préci sément "avec un accent assez fort un dialecte suisse allemand hybride, émaillé de traits empruntés à
l’allemand standard qu’il a appris à l’école" (66).
Les efforts de certaines personnalités, comme le juriste Rudolf Viletta (67) pour donner un véritable
statut au romanche en particulier en déduisant de la Constitution fédérale de 1874 et de la Constitution
cantonale le devoir de l’Etat de veiller au respect du principe territorial sur l’aire linguistique rétho-romanche,
sont restés pour l’instant sans suite, et ce malgré l’adoption en 1996 d’un nouvel art. 116 de la Constitution
fédérale et en 1999 de la nouvelle Constitution fédérale qui impartit aux cantons le devoir de prendre des
mesures afin de protéger les langues nationales menacées sur leur territoire.
Il est vrai qu’en signant, le 9 octobre 1993, la Charte européenne des langues régionales ou minoritai res, le Conseil fédéral a donné quelques espoirs à la communauté romanche et, dans une moindre mesure,
aux locuteurs italophones du pays (68). Bien que les dispositions de la Charte ne soient pas directement
applicables, mais établissent de simples "principes à caractère programmatique qui doivent guider la politi que des Etats Parties" (FF 1997 II 1120), la Charte devrait avoir les conséquences suivantes, en matière
judiciaire, pour les minorités romanches et italiennes des Grisons:
Dans les procédures pénales, l’accusé de langue romanche ou de langue italienne est en droit de s’ex primer dans sa langue (art. 9 § 1 let. a, ii de la Charte); en outre les requêtes et les preuves écrites peuvent
être déposées en romanche ou en italien sans risque d’être déclarées irrecevables, si nécessaire par un
recours sans frais à un interprète ou à des traductions (art. 9 § 1 let. a, iii). Dans les procédures civiles, les
locuteurs romanches ou italophones peuvent s’exprimer dans leur langue sans pour autant encourir des
frais additionnels et produire des documents et des preuves dans leur langue, si nécessaire par un recours
à des interprètes ou à des traductions (art. 9 § 1 let. b, ii et iii). En faveur des italophones des Grisons, il est
en outre garanti qu’ils peuvent avoir une procédure en italien tant en matière pénale que civile et employer
un éventuel interprète et des traductions en matière civile sans que cela n’entraîne des frais additionnels
(art. 9 § 1 let. a i, let. b i et art. 9 d).
L’art. 9 § 2 let. a prévoit enfin que les Etats Parties à la Charte s’engagent à ne pas refuser la validité
des actes juridiques établis dans l’Etat du seul fait qu’ils sont rédigés dans une langue régionale (en l’occu rrence le romanche ou l’italien) et l’art. 9 § 3 invite les Etats Parties à rendre accessibles, dans les langues
régionales, les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les
utilisateurs de ces langues à moins que ces textes ne soient pas déjà disponibles autrement. Cette exigence
est déjà respectée depuis de nombreuses années par la Suisse.
9
Ni le code de procédure civile, ni le code de procédure pénale des Grisons ne précisent le principe de
l’art. 46 de la Constitution cantonale.
Sur les treize juges cantonaux, actuellement dix sont de langue maternelle allemande, deux de langue
maternelle romanche et un de langue maternelle italienne (69).
L’art. 28 de l’ordonnance sur l’organisation de la justice du Tribunal cantonal du 2 juin 1961 (BR
173.110) dispose ce qui suit:
- 34 -
«Les langues judiciaires sont les langues nationales déterminées par la Constitution cantonale. La noti fication des jugements se fait en langue allemande. Dans la partie italophone du canton, une traduction en
italien doit être remise aux parties. La force de chose jugée est attribuée au texte allemand des jugements
et des dispositifs.»
Cette ordonnance, dont la constitutionnalité est douteuse, n’est en fait pas appliquée. Le Tribunal
cantonal a une pratique assez souple en la matière et fait preuve de pragmatisme.
Ainsi, il prononce et rédige ses arrêts principalement en allemand, même lorsque le procès a été jugé
en première instance par un tribunal romanche ou italophone (70). Il est possible cependant d’obtenir un
jugement dans ces langues si une des parties le requiert. En outre, les débats oraux et les écritures peuvent
être en romanche ou en italien(71).
90 % environ des arrêts sont rendus en allemand et 10 % en italien. Il n’y a pratiquement pas de
demande de rédaction en romanche.
La grande majorité des procédures se déroulent en allemand, sauf dans la partie italophone du canton.
Il n’y a pas d’exigences linguistiques particulières pour être juge dans les Grisons.
d) Autorités judiciaires du canton de Fribourg (72)
Le canton de Fribourg, qui compte 213’571 habitants, dont 67,27% sont de langue française et 32,73%
de langue allemande, est, depuis de nombreuses années, le théâtre de querelles linguistiques assez vives
(73).
Sur le plan administratif, il est partagé en sept districts, qui forment autant d’arrondissements judiciaires.
Cinq districts sont francophones et majoritairement catholiques (Gruyère, Glâne, Veveyse, Broye et Sarine),
un district est alémanique et catholique (Singine) et un district a la particularité d’être bilingue et d’être
partagé entre protestants et catholiques (Lac).
b’) Disposition linguistique de la Constitution cantonale fribourgeoise
L’art. 21 de la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857 avait la teneur suivante:
«Les lois, décrets et arrêtés devront être publiés dans la langue française et allemande. Le texte
français est déclaré être le texte original.»
Le peuple fribourgeois a adopté le 23 septembre 1990, à une forte majorité, un nouvel art. 21, actue llement en vigueur, rédigé comme suit:
«1. Le français et l’allemand sont les langues officielles. Leur utilisation est réglée dans le respect de la
territorialité.
2. L’Etat favorise la compréhension entre les deux communautés linguistiques.»
- 35 -
Comme le souligne le Tribunal fédéral, en ne disant rien de la liberté de la langue mais en citant
expressément le principe territorial, la Constitution cantonale "confère à celui-ci un poids supplémentaire"
(74). Cette affirmation est relativement tempérée par le deuxième alinéa de l’art. 21.
L’art. 61 prévoit en outre que:
«La majorité tant des membres que des suppléants du Tribunal cantonal doivent posséder la connais sance des langues française et allemande.»
La composition linguistique de l’autorité judiciaire supérieure du canton, qui compte sept juges et
quatorze suppléants, est la suivante: deux juges sont germanophones et parfaitement bilingues, et cinq
juges sont francophones avec des connaissances plus ou moins approfondies de l’allemand.
Cette composition respecte les exigences de l’art. 61 de la Constitution cantonale qui prévoit que la
majorité des juges doit posséder la connaissance des deux langues officielles du canton (75). Ces disposi tions constitutionnelles doivent être lues avec l’art. 16 al. 2 de la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre
1949 (ci-après: LOJ) qui exige qu’au moins deux juges doivent être de langue allemande (76) sans préciser
s’il s’agit de leur langue maternelle ou, comme le prévoit la législation belge par exemple, celle dans laquelle
ils ont accompli leur formation juridique.
Il convient cependant de relever que les délibérations du Tribunal cantonal se déroulent en principe en
français.
En tant qu’autorité de recours, les diverses cours civiles et pénales du Tribunal cantonal procèdent et
rendent leurs arrêts dans la langue de la décision attaquée (77). C’est, au demeurant, la même solution
qu’adopte le Tribunal fédéral. Dans les contestations portées directement devant le Tribunal cantonal (78),
l’affaire est traitée dans la langue du défendeur, à moins que les parties en conviennent autrement.
Notons également que le Tribunal cantonal peut intervenir dans le règlement de problèmes linguistiques
par le biais de l’art. 151 al. 2 LOJ qui lui donne la compétence, avec l’accord des parties, d’attribuer une
cause pendante à un juge ou à un tribunal d’un autre arrondissement.
Les deux communautés linguistiques sont représentées dans toutes les cours du Tribunal cantonal, les
juges germanophones étant désignés juges rapporteurs dans toutes les causes de langue allemande et
fonctionnant également comme rapporteurs dans certaines affaires de langue française en raison de leur
bilinguisme. En 1998, 17% des arrêts rendus par le Tribunal cantonal ou l’une de ses sections l’ont été en
allemand.
La langue judiciaire est le français dans cinq arrondissements (Sarine, Gruyère, Glâne, Broye et
Veveyse) et l’allemand (79) dans un arrondissement (Singine). Seules les autorités judiciaires du district du
Lac sont bilingues (80). Ces autorités mènent les procédures civiles dans la langue officielle parlée par le
défendeur (81). Quant aux procédures pénales relevant du district du Lac, elles ont lieu dans la langue offi cielle parlée par le prévenu (82).
Les juges de première instance, quand bien même cette exigence n’est pas mentionnée dans la loi,
doivent connaître la langue du tribunal dans lequel ils siègent ou pour les juges d’instruction, la langue dans
- 36 -
laquelle la cause sera instruite. Il s’agit là d’une conséquence logique du principe de la territorialité.
Curieusement, la loi ne pose aucune condition quant à la parfaite maîtrise des deux langues officielles du
district bilingue du Lac pour accéder à un poste de juge dans cet arrondissement judiciaire. Il en va de
même des juges francophones siégeant au Tribunal de la Gruyère et, en particulier, au Tribunal de la
Sarine, qui, en vertu de dispositions légales particulières, sont confrontés à des procédures en allemand
(83). Par contre, la loi du 11 février 1873 sur le Ministère public exige, à son art. 2 al. 2, que le procureur
général et ses substituts "doivent posséder la connaissance des langues française et allemande".
V. Conclusion
Il n’y a pas de procès équitable si l’accusé ou les parties ne sont pas à même de présenter leur point de
vue de façon complète sans être gênées par la langue et si le juge ne les comprend pas pour des motifs
linguistiques. D’autre part, les autorités judiciaires ne forment pas un corps détaché d’un contexte linguisti que et culturel. C’est la raison pour laquelle il nous paraît important de bien distinguer le droit du justiciable
de s’exprimer dans sa langue et de recevoir des informations dans cette langue ou dans une langue qu’il
comprend, au besoin avec l’aide d’un interprète, et la langue de la procédure qui est celle du juge et qui est
déterminée de manière générale selon le principe de la territorialité.
Si les garanties minimales en matière linguistique sont déjà prévues par des textes internationaux
comme, par exemple, les art. 5 § 2 et 6 § 3 let. a et e CEDH, ainsi que l’art. 14 ch. 1 let. a et f Pacte II ONU
-dispositions reprises par les législations nationales-, la détermination de la ou des langues judiciaires est
une question politique interne qui échappe à la volonté des parties à la procédure et à celle du juge.
Une législation succincte et le pragmatisme ont prévalu en Suisse en matière de droit des langues
jusqu’à ce jour, ce qui a fait dire à certains, non sans humour, que la Suisse n’a jamais résolu la question
des langues, elle a simplement évité de la poser (84). Cette politique a ses limites et peut même être source
de tensions entre les communautés linguistiques. Ainsi, les juges des autorités judiciaires pénales et civiles
plurilingues sont de plus en plus confrontés, en raison d’une législation lacunaire, à des problèmes linguis tiques qu’ils doivent résoudre préliminairement, alors qu’ils sont saisis de litiges qui, à l’origine, ne sont pas
de nature linguistique. Or, ces décisions peuvent avoir des répercussions dans d’autres domaines que le
domaine judiciaire et mettre en péril des équilibres fragiles entre différentes communautés linguistiques.
Comme le relève le professeur Dessemontet, "en somme, il est remarquable qu’en Suisse la politique
politicienne ne s’occupe pas des langues. Aucun parti ne s’en préoccupe. Aucun mouvement de fond ne fait
tressaillir les masses. Cependant, les questions de paix et de fidélité confédérales joueront un rôle accru
dans un pays qui se cherche des raisons d’être nouvelles, et qui paradoxalement se sent menacé dans son
principe par l’internationalisation du monde contemporain..." (85). Sous cet angle, la législation bernoise sur
le droit des minorités et des langues offre des perspectives nouvelles dont pourraient s’inspirer d’autres
cantons.
Fribourg, le 14 octobre 1999
VI. Table des Abréviations
art. /Art. Article
ATF Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse
BlSschK Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs
CEDH Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (Convention européenne des droits de l’homme)
consid. Considérant
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Cst. cant. Constitution cantonale
Cst. féd. Constitution fédérale de la Confédération suisse
Extraits Extraits des principaux arrêts du Tribunal cantonal et de décisions du Conseil d’Etat du canton
de Fribourg
FF Feuille fédérale
JdT Journal des tribunaux
litt./let. Lettre
LOJ Loi cantonale d’organisation judiciaire
OJ Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943
op. cit. Ouvrage déjà cité
PCF Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947
PJA Pratique Juridique Actuelle (en allemand AJP)
RFJ Revue fribourgeoise de jurisprudence
RSB Recueil systématique bernois
SJ La semaine judiciaire
Zbl Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung
VII. Annexes
d
1. Carte des aires linguistiques suisses
2. Carte des aires traditionnelles de diffusion des idiomes romanches dans les Grisons
NOTAS:
(1) Pour une présentation en espagnol de la situation linguistique et du droit des langues en Suisse, cf.
Luzius Wildhaber, "Los derechos lingüìsticos en Suiza", in La administración de justicia en los estados pluri lingües, Barcelona, 1997, pp. 45 ss.; sur la langue judiciaire cf. Alexandre Papaux, "La lengua judicial en el
derecho suizo", même ouvrage, pp. 81 ss.
(2) Cf. art. 116 al. 1 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 actuellement en vigueur. Cette disposi tion a été révisée le 10 mars 1996.
(3) Soit 39’632 locuteurs.
(4) Cf. art. 116 al. 4 de la Constitution de 1874.
(5) 20,5 % de la population résidante en Suisse est francophone, parmi elle 19,2 % est de nationalité
suisse.
(6) 7,67 % de la population résidante, dont 4,1 % de nationalité suisse.
(7) Joseph Voyame, "Le statut des langues en Suisse", in Langue et droit, Montréal, 1989, p. 344; René
Knüssel, "Les minorités ethnolinguistiques autochtones à territoire: l’exemple du cas helvétique, thèse",
Lausanne, 1994, pp. 173 ss., pp. 249 ss. 93,3 % des germanophones parlent un dialecte régional dans la
vie quotidienne et 64,4 % d’entre eux disent ne jamais s’exprimer en allemand littéraire (Hochdeutsch).
(8) Selon le dernier recensement de 1990, la Suisse compte 6’873’687 habitants dont 5’628’255 de
nationalité suisse, cf. Annuaire statistique de la Suisse, 1995, p. 351.
(9) Il y a par exemple 116’672 hispanophones en Suisse.
(10) Georges Lüdi, "Répertoire plurilingue: le cas de la Suisse", in Le plurilinguisme européen, Théories
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et pratiques en politique linguistique, Paris, 1994, p. 155.
(11) Art. 64 al. 3 et 4 bis al. 2 de la Constitution de 1874, art. 122 al. 2 et 123 al. 3 de la Constitution de
1999; Blaise Knapp, Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 64 § 62 ss. et ad art. 64 bis § 37 ss.
(12) Art. 106 à 114 de la Constitution de 1874; art. 188 à 191 de la Constitution de 1999; Walther
Haller, Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 106 à 114.
(13) Les art. 110 et 111 de cette ordonnance prévoient que le français, à l’exclusion de toute autre
langue vernaculaire, est la langue des procédures des diverses
juridictions. Cette clause est considérée comme la légalisation du français en tant que langue officielle
pour l’ensemble du royaume de France. Cette mesure fait suite à diverses initiatives du pouvoir central
tendant tout d’abord à remplacer le latin, véhicule de l’influence de l’Eglise et du droit canon, au profit des
langues régionales. Lorsque les inconvénients de la diversité des usages locaux sont apparus, la langue du
roi s’est imposée dans les rapports avec le pouvoir étatique. Cf. notamment B. Quemada, "Les réformes du
français", in: Les réformes des langues, Histoire et avenir, Hambourg, 1984, vol. III, p. 82 ss.; H. Walter,
"L’aventure des langues en Occident", Paris, 1994, p. 244; J. Chaubrand, "La nouvelle histoire de la langue
française", Paris, 1999, pp. 149 ss.; R. Rouquette, note sur l’arrêt Quillevère rendu le 21.11.1984 par le
Trib. Adm. de Rennes, Recueil Dalloz Sirey, 1985, pp. 465, 468.
(14) D. Daoust/J. Maurais, "L’aménagement linguistique", in: Politique linguistique et aménagement
linguistique, Québec/Paris, 1987, p. 14; J.-C. Corbeil, "Vers un aménagement linguistique comparé, même
ouvrage", p. 555.
(15) Art.116 Cst. féd. du 29 mai 1874 ; art.4 et 70 Cst. féd. du 18 avril 1999.
(16) Art. 4 de la Constitution belge du 17 février 1994.
(17) Art. 3 de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978.
(18) ATF 100/1974 Ia 462 DERUNGS, consid. 2 b, JdT 1976 I 570; pour un résumé de la jurisprudence
du Tribunal fédéral sur le principe de la territorialité cf. notamment G. BIAGGINI, "Sprachenfreiheit und
Territorialitätsprinzip", recht 3/97, p. 112 ss., 117 ss.; A. AUER, "D’une liberté non écrite qui n’aurait pas dû
l’être la “liberté de la langue”", AJP/PJA 8/92, p. 955 ss., 963 ss.; B. Wilson, "La liberté de la langue des
minorités dans l’enseignement", Bâle, 1999, p. 153 ss.
(19) Cf. notamment W. F. MACKEY, "Bilinguisme et contacts des langues", Paris, 1976, p. 82-83.
(20) Cf. notamment Joseph VOYAME, "Avis de droit délivré au Conseil d’Etat du canton de Fribourg le
30 septembre 1991 au sujet du nouvel article constitutionnel sur les langues officielles et au sujet de son
application dans la législation et la pratique", in Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de
Fribourg, 1992, p. 2813 ss., spéc. p. 2842 ss.; le Tribunal fédéral se réfère largement à cet avis de droit
dans un arrêt non publié du 22 janvier 1997 (2P. 211/1996) concernant la commune de Cressier, ci-après:
arrêt Cressier; Jean-Claude CORBEIL, op. cit., p. 556; voir sur la question de la définition d’une minorité
linguistique notamment Pierre VANDERNOOT, "Les aspects linguistiques du droit des minorités", in Rev.
trim. dr. h. 1997, p. 309 ss., spéc. p. 314 et références; Erik ALLARDT, "Qu’est-ce qu’une minorité linguis tique?" in Les minorités en Europe, Droits linguistiques et droits de l’homme, Paris, 1992, pp. 45 ss. ; F.
CAPOTORTI, "Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguis tiques", Nations Unies, New York, 1991, pp. 5-16.
(21) ATF 106/1980 Ia 299 BRUNNER, JdT 1982 I p. 230. Selon le dernier recensement fédéral de
1990, ce pourcentage a baissé à 19,32%. (cf. annexe 2 au rapport de la commission d’étude pour l’applica tion de l’art. 21 de la Constitution fribourgeoise sur les langues officielles, octobre 1993, ci-après rapport
Schwaller).
(22) Zbl 83/1982 p. 356 ALBULA, en particulier consid. 2.c) et 3.b) cc).
(23) Consid. 3. c) bb). Les juges fédéraux relèvent également qu’une commune ayant 50% d’italopho nes, 31% de germanophones et 18% de romanches peut ne reconnaître que l’italien et l’allemand comme
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langues officielles cf. consid. 3.c) cc).
(24) ATF 106/1980 Ia 299 consid. 2.b) cc), JdT 1982 I 236.
(25) En matière civile et pénale l’arrondissement de la Sarine a été considéré de jurisprudence cons tante comme francophone tout comme la ville de Fribourg, chef-lieu du district de la Sarine et capitale du
canton bilingue de Fribourg (cf. ATF 106/1980 Ia 299 BRUNNER précité; Extraits 1943 p. 196; 1958 p. 143
qui contient une analyse détaillée sur la question; 1963 p. 56; RFJ 1992 p. 258; 1994 p. 324 et très
récemment arrêt du 14 juillet 1999 de la Chambre du registre du commerce du Tribunal cantonal de l’Etat
de Fribourg dans la cause F.N. AG c/ Registre du commerce du district de la Sarine), alors qu’en matière
administrative (cf. RFJ 1993, p. 208) la ville et commune de Fribourg est considérée comme bilingue
(français/allemand).
(26) ATF 121/1995 I 196 NOTH, consid. 3.c), JdT 1996 p. 142.
(27) Et partant, le droit d’avoir une procédure administrative dans cette langue.
(28) Arrêt non publié du 22 janvier 1997 (2P. 211/1996) Cressier précité sous n. 20.
(29) Cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de l’article constitutionnel sur les langues
(art. 116 Cst.) du 4 mars 1991, FF 1991 II 301.
(30) Art. 37 al. 3 OJF; ATF n.p. du 22 août 1995 (1 P. 441/1995) dans la cause M.H., J.H. contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud; 124/1998 III 205 consid. 2.
(31) ATF 122/1996 I 93, JdT 1998 I 241, SJ 1996 p. 563. En fait, cet arrêt a été publié au recueil officiel
en romanche et en traduction allemande.
(32) Notons, pour être complet, que les Assises fédérales (trois juges fédéraux de la Chambre crimine lle assistés d’un jury de 12 personnes, qui siègent notamment en cas de haute trahison envers la Confédé ration [art. 112 Cst. féd. 1874] et qui n’ont fonctionné au XXème siècle qu’en 1927 et 1933) mènent leurs
débats dans la langue des jurés (art. 97 al. 1 et 3 PPF).
(33) SJ 1998 p. 311, BlSchK 1998 p. 37; ATF 83/1957 III 56, 108/1982 V 208 notamment.
(34) L’art. 3 de la constitution fédérale de 1874 prévoit que les cantons sont souverains en tant que leur
souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale. En d’autres termes, selon cette disposition, en
matière linguistique, les cantons sont compétents dans la mesure où la Constitution fédérale n’attribue pas
cette compétence à la Confédération; cf. Michel Rossinelli, "Le droit des langues en Suisse", in Les minori tés en Europe, Paris, 1992, p. 175.
(35) Cf. notamment ATF 122/1996 I 236 consid. 2h et les références citées, JdT 1998 I 66; Poudret,
"Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943", Berne 1990, ad art. 30 n.
1.2.2 qui réserve les cas où une convention internationale règle la question linguistique; cf. également ATF
109/1983 V 224.
(36) Dix-sept cantons ont comme langue officielle l’allemand, quatre le français, un l’italien.
(37) Cf. notamment Joseph Voyame, "La situation en Suisse", in Autorités locales, intégrités territoriales
et protection des minorités, Zürich, 1996, p. 269.
(38) Cf. également art. 1 al. 2 OJF; G. Malinverni, "La protection des minorités en Suisse", in Minorités
et organisation de l’Etat, Bruxelles, 1998, p. 362.
(39) Joseph Voyame, "La situation en Suisse", op. cit., p. 269; Poudret, op. cit., ad art. 1 n. 2.
(40) Art. 107 al. 1er Cst. féd. 1874; 118 al. 1 Cst. féd. 1999.
(41) W. Haller, op. cit., ad art. 107 n. 13.
ème
(42) W. Burkhardt, "Kommentar der Schweizerischen Bundesverfassung", 3
édition, Berne, 1931, p.
750.
(43) Dans ce sens, W. Haller, op. cit., ad art. 107 n. 16.
(44) L’art. 1 al. 2 chiffre 2 PPF précise expressément que la Chambre criminelle est composée de trois
juges, et que les trois langues officielles doivent être représentées (le Tribunal fédéral dispose, en matière
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pénale, d’une Chambre criminelle, d’une Cour pénale fédérale, d’une Chambre d’accusation, d’une Cour de
cassation, et d’une Cour de cassation extraordinaire, art. 2 PPF).
(45) Les dépenses consenties pour des traductions dans une langue ou issues d’une langue qui figure
au nombre des langues nationales sont à la charge de l’Etat et non des parties (art. 153 al. 2 OJF a contra rio; cf. Poudret, op. cit., ad art. 30 n. 1.2.1.
(46) Je remercie M. le Juge fédéral Gilbert Kolly pour ces renseignements.
(47) Art. 9 du code de procédure civile (ci-après: CPC) genevois du 10 avril 1987; art. 8 CPC vaudois
du 14 décembre 1966; art. 3 de la Constitution de la République et canton du Jura du 20 mars 1977, art.
120 CPC jurassien du 9 novembre 1978 et art. 65 du code de procédure pénale jurassien du 13 décembre
1990; art. 117 al. 1 CPC tessinois du 17 février 1971; art. 130 de la Gerichtverfassungsgesetzt du canton du
Zurich du 13 juin 1976; art. 72 al. 1 CPC lucernois du 27 juin 1994.
(48) Le canton de Berne compte 12’700 locuteurs de langue espagnole (cf. W. Kaelin/U. Bolz, "Manuel
de droit constitutionnel bernois", Berne, 1995, p. 249 ad art. 6).
(49) Ces districts forment le Jura bernois (art. 5 al. 1).
(50) Cf. W. Kaelin/U. Bolz, op. cit., p. 480 ad art. 85.
(51) Je tiens à remercier M. le Président de la Cour Suprême Hofer pour ces renseignements.
(52) Cf. art. 5 du règlement d’organisation de la Cour suprême du canton de Berne du 9 décembre
1966, RSB 162.11 qui sera prochainement modifié.
(53) Cf. art. 6 Cst. ct.; art. 121 CPC; art. 2 et 3 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’usage des
langues dans l’administration de la justice et de tribunaux du district de Bienne.
(54) Cf. art. 6 al. 2 litt. b Cst. ct., art. 2 al. 4 LOJ et l’ordonnance sur l’usage des langues dans l’admi nistration de la justice et des tribunaux du district de Bienne, RSB 152.381; cf. également à ce sujet:
Alexandre Papaux, "La langue judiciaire en procédure civile fribourgeoise", RFJ 1999, pp. 1 ss. qui traite du
système biennois aux pages 15 ss. n° 2.2.3.1; cf. é galement du même auteur, "La langue judiciaire du
prévenu", JdT 1996 I 16, en particulier pp. 24 ss.
(55) Par référence à l’art. 52 de la Constitution cantonale du 8 mars 1907, il est admis que le Haut-Va lais est germanophone et le reste du canton est francophone. Cette disposition prévoit la représentation de
certains districts du canton au sein du Conseil d’Etat (Gouvernement cantonal).
(56) Cette analyse que nous partageons est d’Ernest Weibel, in "La Suisse, Les institutions et la diver sité culturelle", no 43 de la revue Pouvoirs, 1987, p. 26.
(57) Cette égalité est notamment expressément prévue pour les deux secrétaires du Parlement
cantonal, dont l’un doit être de langue française et l’autre de langue allemande, cf. art. 45 Cst. ct.
(58) Je tiens à remercier M. le Président du Tribunal cantonal Erwin Leiggener pour ces précisions.
(59) Actuellement, il y a deux juges de langue allemande, deux juges parfaitement bilingues et sept
juges francophones.
(60) Arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 octobre 1987, pp. 12-13; cf. également sur cette affaire
Uli Windisch, "Les relations quotidiennes entre romands et suisses allemands", T. II, Lausanne, 1992, pp.
52-53.
(61) François Dessemontet, "Le droit suisse des langues", Québec, 1984, p. 120 et les références
citées.
(62) Le Tribunal francophone de l’arrondissement de Sierre rend cependant, exceptionnellement, des
jugements en allemand.
(63) Art. 4 ch. 1 et 2 du code de procédure pénale valaisan du 22 février 1962.
(64) Pour plus d’informations sur la situation linguistique complexe des Grisons, cf. notamment:
Jean-Jacques Fürrer, "Le romanche en péril? Evolution et perspectives, Office fédéral de la statistique",
Berne 1996; Chasper Pult, "La situation linguistique du rhéto-romanche et du rumantsch grisum", in Majori -
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tés et minorités linguistiques en Suisse, Genève, 1988, p. 134.
(65) Cf. Rudolf Viletta, "Grundlagen des Sprachenrechts", Zürich, 1978, p. 146.
(66) Floran Lutz, "Les dialectes", "Roman", "romanche", "rhéto-roman" et "ladin", in La Suisse aux
quatre langues, op. cit., p. 221.
(67) Cf. Rudolf Viletta, op. cit., note 45 et à propos de ce problème, cf. notamment Iso Camartin, "Rien
que des mots, Plaidoyer pour les langues mineures", Genève, 1985, p. 94; François Dessemontet, "Le Droit
des langues en Suisse", op. cit., p. 126 ss.; Jean-Jacques Fürer, "Le plurilinguisme de la Suisse: un modè le?" in Les minorités en Europe, Paris, 1992, pp. 200 ss.
(68) Cf. Message du Conseil fédéral du 25 novembre 1996 concernant la Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires, in FF 1997 I pp. 1105 ss.
(69) Je remercie M. le Président du Tribunal cantonal Alex Schmid pour ces renseignements
(70) E. Thilo, "Note sur l’égalité et sur l’usage des langues nationales en Suisse", JdT 1941 I p. 260. Le
prévenu de langue maternelle italienne peut cependant obtenir un jugement en italien.
(71) W. Padrutt, "Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubunden", Chur, 1986 ad art.
87 p. 195.
(72) Cf. Alexandre Papaux, "La lengua judicial en el derecho suizo", op. cit., pp. 86 ss.
(73) Sur ce problème, cf. notamment Uli Windisch, "Les relations quotidiennes entre Romands et
Suisses allemands", op. cit., tome I, Lausanne, 1992, pp. 35-138 et Ernest Weibel, "Les cantons bilingues
en Suisse", in Langue et droit, Montréal, 1989, pp. 359 ss.
(74) ATF 121/1995 I 196, consid. 2c / JdT 1996 I 139.
(75) La connaissance des langues française et allemande n’est plus exigée de tous les juges cantonaux
depuis 1848. Selon la Constitution de 1814, il fallait
"savoir les langues allemande et française" pour entrer au Petit Conseil (et donc au Tribunal cantonal).
La Constitution de 1831 prévoyait que les premiers huit juges d’appel nommés devaient connaître l’alle mand et le français, et que cette connaissance, constatée par un examen, serait exigée de tous les juges et
er
suppléants du Tribunal d’appel à partir du 1 janvier 1840. L’examen avait lieu devant une commission du
Grand Conseil (Parlement cantonal) le lendemain de l’élection et consistait dans la traduction d’une partie
de procédure et de quelques actes judiciaires. Cette exigence est abandonnée dans la Constitution de
1848, les députés majoritaires craignant que l’accès au Tribunal cantonal soit rendu impossible à d’émi nents jurisconsultes. En outre, il est constaté que les exigences posées en 1831 n’ont servi à rien sinon à
susciter des attestations de complaisance. Les députés estiment au demeurant qu’il n’y a pas d’inconvé nients à faire toutes les procédures en français. Cf. Gilbert Kolly, "La constitution du Tribunal cantonal
fribourgeois il y a 150 ans", RFJ 1998, p. 29.
(76) Pour le Tribunal adminstratif (sept juges également), l’art. 6 al. 3 de la loi d’organisation du Tribu nal administratif du 24 avril 1990 prévoit simplement que: Les deux langues officielles sont équitablement
représentées parmi les membres du Tribunal".
(77) Art. 10 al. 3 du Code de procédure civile fribourgeois du 28 avril 1953; art. 45 al. 3 du Code de
procédure pénale fribourgeois du 14 novembre 1996.
(78) Il s’agit principalement des causes de nature pécuniaire relatives au droit des marques, des
brevets et des droits d’auteurs; cf. art. 149 al. 2, 3, 4 et 5 LOJ.
(79) Dans un arrêt de 1991, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a précisé
que la langue du Tribunal de la Singine était l’allemand écrit (Schriftsprache) et que l’emploi du dialecte par
une partie n’était possible que si celle-ci n’était pas en mesure de s’exprimer en allemand standard ou si les
parties comprenaient le dialecte ; cf. Extraits 1991, p. 42.
(80) Art. 45 al. 1 du code de procédure pénale du 14 novembre 1996 (ci-après CPP).
(81) Art. 10 al. 2 du code de procédure civile du 28 avril 1953 (ci-après CPC).
- 42 -
(82) Art. 45 al. 1 let. c CPP.
(83) Sur la langue judiciaire en matière civile dans l’arrondissement bilingue du Lac et les dérogations
légales concernant les arrondissements francophones de la Gruyère et de la Sarine, cf. Alexandre Papaux,
"La langue judiciaire en procédure civile fribourgeoise", RFJ 1999 pp. 1 ss. ; en procédure pénale cf. Art. 46
CPP qui a la teneur suivante "1. Dans l’arrondissement de la Sarine, le prévenu germanophone peut exiger
l’utilisation de l’allemand comme langue de la procédure s’il est seul impliqué, ou si les autres parties sont
aussi de langue allemande ou si elles y consentent. Pour le jugement de ces causes, le Tribunal d’arron dissement de la Sarine forme une section de langue allemande. 2. Dans l’arrondissement de la Gruyère, le
prévenu germanophone domicilié à Jaun [698 habitants] a le choix entre l’allemand et le français comme
langue de la procédure".
(84) Herbert Lüthy: "Politische Probleme der Mehrsprachigkeit in der Schweiz", Civitas, vol. 22,
September 1966, p. 41.
(85) François Dessemontet, "Les langues et la Loi en Suisse", in Universités, vol. 15, mai 1994, p. 31.
- 43 -

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